Las nuevas inversiones impulsadas por el gobierno de Castelló, con cargo al superávit de 2015, centraron el debate de ayer en el ayuntamiento, en el que la alcaldesa, Amparo Marco, lanzó sospechas sobre el PP al insinuar vínculos entre miembros de este partido y empresas contratistas investigadas.
La portavoz popular Begoña Carrasco cuestionó el destino de los 4,1 millones de euros, con los que se van a financiar 27 proyectos. Pidió que los 470.000 euros previstos para reformar la fachada del ayuntamiento vayan a mejoras en los barrios. Irritó a la alcaldesa cuando aludió al dinero que va a gastar en «arreglar su casa». Marco esperó al final del debate para responder a Carrasco en los siguientes términos: «Mi casa no está en la plaza Mayor. El día que la tenga que arreglar, lo pagaré de mi bolsillo y no utilizará las brigadas municipales para mover muebles. Tampoco rehabilitaré con empresas contratadas por este ayuntamiento e investigadas en los juzgados». Nadie de la bancada del PP se dio por aludido ni respondió.
Reprimenda de la Junta Electoral
El Grupo Municipal Popular pidió explicaciones por la reprimenda de la Junta Electoral de Zona al ayuntamiento por no prestar la «debida colaboración» a la hora de aportar funcionarios. Carrasco manifestó que se trata de la primera vez que esto ocurre en la presente democracia. El teniente de alcalde de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, admitió que ha habido un problema con dos agentes de la Policía Local que ya tenían servicios asignados.
Otro de los puntos del orden del día que se aprobaron fue la nueva ordenanza para la prevención y control del mosquito tigre en la ciudad de Castelló. Esta ordenanza establece trece actuaciones de carácter general de obligado cumplimiento, que abarcan desde el mantenimiento de balsas o fuentes a piscinas hasta sistemas de climatización. Además, también prescribe acciones específicas en cementerios, granjas de animales y talleres mecánicos y depósitos de neumáticos, entre otros.
El pleno también aprobó a instancias del PP una proposición para la instalación de desfibriladores en instalaciones municipales. El concejal de Deportes, Enric Porcar, avanzó que «el compromiso de este gobierno es aumentar el número de desfibriladores en las instalaciones deportivas y, en la medida de lo posible, en otras dependencias municipales con grandes aglomeraciones». Prueba de este compromiso es que ya el pasado mes de marzo se pusieron en funcionamiento 7 desfibriladores en la Ciudad Deportiva. Estos últimos se unen a los ya existentes en las tres piscinas (Olímpica, Emilio Fabregat y Castalia), Gaetà Huguet, Ciutat de Castelló, Chencho y Castalia".
