La campaña electoral del 26J pasará probablemente a la historia por ser la más anodina de la presente democracia. La sanidad ha centrado el debate político y ha sido utilizada como arma arrojadiza por las principales formaciones, que no han dudado en poner las instituciones al servicio de sus intereses partidistas. La guerra sanitaria ha deparado un hecho singular, como es la querella de la diputación contra la consellera Carmen Montón y el candidato socialista Artemi Rallo.
El PP publicitó su renuncia a la mitad de la campaña, aunque lo cierto es que fue el primero en activar la maquinaria electoral con una operación de denuncia de supuestos recortes sanitarios orquestada desde el palacio provincial. La estrategia fue efectiva, ya que obligó al Consell a desmentir una y otra vez las denuncias vertidas por los populares, que situaron el debate donde más les convenía.
Sin embargo, el PSOE contraatacó con fuerza al denunciar la semana pasada ante la Fiscalía Anticorrupción 25 millones de euros en pagos irregulares del Hospital Provincial, correspondientes a la etapa de gobierno del PP. El tema se magnificó después de que el último gerente del centro con el PP, Rafael Arce, manifestara a este diario haber recibido amenazas de muerte por desmontar el «chiringuito» del Provincial y confirmara las irregularidades.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, lideró la ofensiva y puso contra las cuerdas al gobierno de la diputación, al implicar al presidente Moliner, quien evitó acudir a la reunión del consejo de gobierno del hospital del pasado lunes.
La estrategia del PP en los últimos días ha consistido en proclamar que todo es falso, hasta el punto de que la diputación se ha querellado contra la consellera por difamación. Una denuncia en la que ha incluido a última hora (y en plena campaña) al cabeza de lista del PSOE al Congreso, Artemi Rallo.
A la denuncia del PSOE por las facturas del Hospital Provincial se ha unido la de Compromís por el pago de 10 millones de euros a una empresa de la Púnica por el torneo de golf de Castelló que organizaban la Generalitat y la diputación en la etapa del PP.
Guerra en la Junta Electoral
La campaña y la precampaña también han estado marcadas por las denuncias cruzadas de los principales partidos ante la Junta Electoral para vetar los actos institucionales del rival. El órgano se ha empleado a fondo, apercibiendo a unos y a otros y obligándoles a cancelar eventos y campañas electoralistas
