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La Vall d'Uixó recupera por la vía judicial el aval del PAI de Sumet

El dinero se invertirá en restaurar todo lo que se ha deteriorado en los últimos ocho años

La Vall d'Uixó recupera por la vía judicial el aval del PAI de Sumet

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha recuperado por vía judicial el aval de la urbanización del PAI de Sumet, uno de los PAI's pendientes de desarrollo en la ciudad, programado desde hace 15 años, aunque «muchos problemas lo habían paralizado», recordó ayer la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, que aseguró que el dinero se destinará «a restaurar todo lo que se ha deteriorado en estos ochos años de abandono».

El PAI Sumet se encuentra entre el barrio Carbonaire y el paraje de San José, frente al conocido como Barrio Ecológico. En el momento de plantearse pretendía unir la zona más turística de la localidad con el núcleo urbano, aunque la crisis económica o el hecho de que la empresa urbanizadora entrara en concurso de acreedores, motivó que se paralizaran las obras.

Francesca Bartolomé señaló que urbanizar este PAI «ha sido nuestra prioridad en materia urbanística desde el primer día, porque lleva 15 años programado, ha sufrido muchos problemas que lo han paralizado y el Partido Popular no ha hecho nada para solucionarlos en los últimos ocho años». El último escollo con el que se encontró el consistorio fue poder recuperar el aval depositado por la urbanizadora al inicio del proyecto, en concreto 419.000 euros, que la empresa y el avalista también solicitaron.

Por regla general los avales se depositan en el consistorio precisamente para hacer frente a este tipo de situaciones, pero el equipo de gobierno se encontró con el problema de que la empresa entró en concurso de acreedores y, al parecer, el administrador concursal tuvo en cuenta esa cantidad para hacer frente a las deudas que se mantenían. Por ello, tras contratar a un gabinete de abogados especializado, se decidió presentar un contencioso-administrativo que el juzgado a sentenciado a favor del consistorio.

Bartolomé explicó que el dinero se invertirá en «restaurar todo lo que se ha deteriorado como la red de agua o el sistema eléctrico, para que puedan seguir los trámites y acabar la urbanización». Con esta sentencia «el juez reconoce que es el ayuntamiento quien puede y debe actuar», por lo que se plantean como un objetivo de legislatura «finalizar el PAI y dar viabilidad al proyecto, buscando el consenso con los propietarios», con los que se reunirán los responsables municipales para explicarles la nueva situación.

También se pronunció al respecto la alcadesa, Tania Baños, que definió la sentencia como «una buena noticia después de un proceso largo que iniciamos hace un año en el que hemos mantenido diversas reuniones con los servicios jurídicos y con los propietarios, que han sufrido muchas mentiras en los últimos años».

Montanyeta-Fossaret

La alcaldesa aprovechó la ocasión para recordar que este no es el único proyecto urbanístico paralizado e hizo referencia al de Montanyeta-Fossaret, cuyos propietarios comprobaron hace algo más de un mes como, con carácter retroactivo, se veían obligados a pagar la diferencia del IBI dado que en su día desde el ayuntamiento no se notificó a Catastro la modificación de la calificación del suelo. Baños mencionó el tema porque la intención del consistorio es «dar una solución urbanística», para ello están a la espera de que los propietarios elijan a un representante «para buscar soluciones conjuntas y finalizar las obras».

Sobre el aumento de la contribución, el PP recordó la solicitud de una bonificación para los propietarios de este PAI y del Belcaire C, afectado también por esta medida, Tania Baños afirmó que esta petición «es ilegal» y la solución para el problema de la paralización Montanyeta-Fossaret pasaría por la gestión política y administrativa.

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