El exvicepresidente de la Diputación de Castelló Francisco Martínez ha declarado hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Castelló en la causa abierta contra él, sus hijos y un empresario por presunto fraude y exacciones ilegales a raíz de una querella de la Fiscalía presentada en enero de 2016. Los presuntos delitos se cometieron a través de empresas de Francisco Martínez, entre ellas Franvaltur, propietaria de los terrenos sobre los que se había proyectado la depuradora de Borriol. A la salida del juzgado Martínez ha asegurado que todo ha ido "bien" y que su interrogatorio ha durado "poquito" y ha optado por el silencio tras ser preguntado sobre si tendrá que volver a prestar declaración.
Este lunes también han declarado los dos hijos de Martínez, Andrea y Francisco, que han llegado por separado a la Ciudad de la Justicia de Castelló, y el empresario Raúl Babiloni, quien ha cerrado la ronda pasado el mediodía. La declaración de los cuatro investigados en la causa había sido pospuesta hasta en cuatro ocasiones. Inicialmente prevista para el pasado 21 de marzo, los interrogatorios quedaron aplazados al 22 de marzo, 12 de abril, 9 de mayo y finalmente al 4 de julio. Fuentes jurídicas han afirmado que Martínez ha respondido a las preguntas de la juez y el fiscal, pero ha obviado las de la acusación particular que ejerce el PSPV-PSOE.
El juzgado de Instrucción número 4 de Castelló tiene abierta una causa por los delitos de fraude y exacciones ilegales en la que constan cuatro investigados, diligencias en las que también se investiga a cuatro empresas. Martínez fue juzgado el pasado febrero por las presuntas irregularidades cometidas en la expropiación de los terrenos donde iba a construirse la depuradora de Borriol y que eran propiedad de una empresa de la que él y sus hijos eran socios.
El fiscal pedía cuatro años de prisión para el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas, y en el mismo caso fueron también juzgados sus hijos y el empresario y socio de Martínez, Raúl Babiloni.
El 15 de abril la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló condenaba al exvicepresidente provincial a ocho meses de cárcel y una multa de 12.600 euros por un delito de negociación prohibida a un funcionario y absolvía al resto de imputados.
Durante la lectura del informe final en el juicio de la depuradora, el fiscal anunció que existía otra causa abierta contra Martínez por presuntos delitos del ámbito urbanístico vinculados con empresas suyas y de su familia y por la que ha declarado hoy ante el juzgado.
