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Un juzgado anula una sanción en la Marjaleria por estar el PGOU anulado

La sentencia deja en el aire los expedientes abiertos en parcelas de la zona reguladas con el plan de 2000 Impone al consistorio el pago de las costas

Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castelló ha anulado un expediente sancionador del ayuntamiento contra una construcción ilegal de la Marjaleria esgrimiendo la anulación del Plan General de ordenación Urbana. Esta resolución abre un precedente que puede comportar la paralización de aquellos expedientes emitidos en parcelas que fueron clasificadas en el antiguo PGOU desde 2008, cuando fue invalidado el planeamiento municipal.

La propietaria de la edificación recurrió contra la sanción decretada en noviembre de 2014 por el consistorio, que comportaba una multa de 23.000 euros, de acuerdo a un anterior procedimiento de infracción urbanística de 2010. Alegó que la sanción debía haber seguido una vía distinta al expediente de la legalidad urbanística y que la infracción era leve y no grave porque se encuentra en suelo urbanizable. El consistorio argumentó que la finca en cuestión carece de ordenación urbanística al no haberse desarrollado el planeamiento que la sustenta. El juzgado preguntó en febrero sobre la incidencia de la anulación del PGOU de 2000, ya que la unidad urbanística formaba parte de este planeamiento.

El ayuntamiento explicó que el sector en cuestión está integrado en el plan especial de la Marjaleria y que éste está sostenido por las normas transitorias que aprobó el Consell para regular el urbanismo municipal mientras se redacta otro Plan General.

Sin embargo, la sentencia recoge un informe del director de Urbanismo del ayuntamiento que indica que la clasificación de la citada parcela procede del PGOU de 2000 y no del ámbito del plan especial de la Marjaleria.

La resolución judicial, aparte de tirar atrás la sanción municipal, también impone al consistorio el pago de las costas de 375 euros.

Esta sentencia es una victoria para Unión de la Marjaleria, de que la demandante es socia. La plataforma vecinal pleitea contras las órdenes de derribo en la zona. El ejecutivo local subraya que se limita a cumplir con la legalidad vigente y que pretende resolver el vacío legal de la Marjaleria con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

«Por desgracia, son muchos los vecinos de la marjal que hacen frente a multas que, al ser firmes, no pueden recurrirse o impugnarse. Además, no siempre se dan todos los elementos necesarios que el derecho requiere para obtener una resolución judicial favorable», apuntaron, no obstante, fuentes de Unión de la Marjaleria, que lamentaron que el nuevo equipo de gobierno prosiga tramitando expedientes sancionadores.

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