05 de julio de 2016
05.07.2016
Operación Termyca

La operación de la Guardia Civil por corrupción municipal salpica a Benicàssim

Los agentes han reclamado información al Ayuntamiento de Benicàssim sobre contratos con las empresas Efial y CGI. La alcaldesa tiene la seguridad de que "los técnicos municipales han obrado bien"

05.07.2016 | 15:27
La operación de la Guardia Civil por corrupción municipal salpica a Benicàssim

Agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo desde primera hora de la mañana una macrooperación contra la corrupción municipal, con casi cincuenta registros en diez provincias, entre ellas Castelló con el Ayuntamiento de Benicàssim.

Los agentes han llegado al Ayuntamiento de Benicàssim sobre las 12.15 horas y la alcaldesa, Susana Marqués, ha indicado al respecto que "tengo la seguridad de que los técnicos municipales han obrado bien". Marqués remarcó que "los concejales no participamos en ninguna mesa de contratación desde el pasado mes de noviembre" y que, para facilitar la labor de los agentes la primer edil ha añadido que "he dado las instrucciones necesarias para que los técnicos preparen la documentación que se pueda requerir y el ayuntamiento actuará con transparencia".

Marqués ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la rueda de prensa con motivo de la Junta de Seguridad del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) que se ha celebrado esta mañana en la Oficina de Turismo, a escasos metros del ayuntamiento. En el momento de la rueda de prensa los agente de la Guardia Civil estaban accediendo al ayuntamiento benicense.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en el amplio dispositivo de la Guardia Civil, que ha sido autorizado por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, también se prevé, además de los registros, que la Guardia Civil acuda a ayuntamientos como los de Girona, Barcelona y La Seu d'Urgell (Lleida) a requerir documentación sobre contratos vinculados a Efial.

Están afectados también los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó, Vandellós y l'Ametlla de Mar, en la de Tarragona.

Las detenciones y entradas y registros en Ayuntamientos, otras entidades públicas, empresas, despachos profesionales y domicilios, "están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública".

Así lo han señalado la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado (FGE) en una nota que también apunta que algunos de estos registros se han producido en Andorra.

Los citados registros se efectúan en siete entidades públicas empresariales locales, doce mercantiles, siete despachos profesionales y 14 domicilios particulares.

El dispositivo se lleva a cabo de forma simultánea en las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), así como en Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara.

Esta macrooperación, impulsada por la jefatura de Información de la Guardia Civil, arranca en el denominado 'caso Efial', por el nombre de la consultora especializada en administración local que trabajaba para numerosos ayuntamientos de Tarragona gobernados en su mayoría por Convergència Democràtica (CDC).

En concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez ha acordado los registros y detenciones en el marco de una pieza separada que se inició con la investigación al Ayuntamiento de Torredembarra, en el año 2014, que desembocó en una de sus ramificaciones en el caso del 3 %, en el que el pasado año la Guardia Civil registró la sede de CDC en Barcelona.

Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos, de acuerdo a la nota de la FGE.

Según las fuentes consultadas por Efe, el caso ha saltado de ayuntamientos catalanes a algunos del resto de España después de que Efial fuera absorbida hace meses por la sociedad CGI, que ha sido contratada por varios entes locales de diversas provincias españolas.

Las primeras actuaciones "tuvieron inicio en las denuncias de Concejales de varios de los Ayuntamientos afectados", dice la nota del FGE, denuncias que llevaron al juez de El Vendrell a investigar a la citada investigación al Ayuntamiento de Torredembarra, a partir de lo cual siguió indagando la Guardia Civil en otros municipios.

Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de "Efial Consultoría" como cuando lo hizo como "CGI", los investigados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del Secretario e Interventor municipales, dice la FGE.

A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.

En la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, han participado 342 guardias civiles de diferentes comandancias integradas en las diferentes provincias afectadas, según la Guardia Civil.

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