Los peritos autores del informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de febrero de 2014 que vinculó la inyección de gas de la planta Castor con la ola de seísmos en su entorno consideraron ayer que en la tramitación del almacén se tuvo que haber analizado el riesgo sísmico.

Julina García Mayordomo y Juan José Durán comparecieron como testigos en el juzgado de Vinaròs en la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso administrativo de la planta Castor. Según la acusación particular de la asociación de Arca Ibérica, los declarantes señalaron que en este tipo de actividades debería incluirse un estudio de peligrosidad sísmica, «conclusión a la que hubieran llegado igualmente de no haberse desencadenado los acontecimientos objeto del informe», afirmaron, según las mismas fuentes.

Respecto al informe del IGME de 2007, que es objeto de análisis por los peritos, indicaron que el objeto de este estudio era el de valorar que la explotación era viable desde la óptica geológica y minera.

En el dictamen de 2014, que el Ministerio de Industria solicitó tras el episodio terremotos, explicaron que hubo dos tipos de sismicidad, ambas en relación causa-efecto con la actividad de inyección de gas: la inducida, que se manifiesta sincrónicamente con la actividad de gas, y la sismicidad anticipada o disparada, consistente en sismos de magnitud más elevada que se producen tras dejar de esta operativo el almacén.