07 de julio de 2016
07.07.2016
Polémica en fiestas

Bellido: "La concejala ha pedido mi cabeza"

El presidente de la Junta niega las amenazas a la funcionaria en el juicio mientras la concejala de Fiestas asegura que fue testigo de las mismas

07.07.2016 | 16:36
Bellido: "La concejala ha pedido mi cabeza"
Bellido: "La concejala ha pedido mi cabeza"

El juzgado de instrucción número cinco de Castelló ha acogido este mañana el juicio contra el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, por presuntas amenazas a una funcionaria del Patronat de Festes. La concejala Sara Usó ha declarado como testigo y ha asegurado que escuchó "claramente" que Bellido afirmaba a la técnico: "te voy a destrozar la vida personal y profesionalmente". El presidente de la Junta ha negado las ofensas y ha señalado que la regidora tiene "animadversión" a su persona y que ha "pedido mi cabeza".

Bellido ha manifestado que había divergencias con la funcionaria porque sabía de "leyes pero no de fiestas" pero que no la faltó al respeto. Su abogado ha proyectado las diferencias de gestión entre el ayuntamiento y Patronat con la Junta para restar credibilidad a las declaraciones de la funcionaria y de la concejala. En respuesta a su abogado, explicó que a posteriori Bellido le trasladó que la amenaza en lo personal iba a consistir en infundios falsos de su persona y, en lo profesional, destinando datos «erróneos» al Patronat. «Su objetivo era cargarse el Patronat», ha resaltado. La edil, por su parte, ha rechazado la existencia de malas relaciones con Bellido y la Junta y ha apuntado que las posibles diferencias entren dentro de lo normal en el marco de la organización fiestera.

La jueza ha rechazado como testificales la declaración de dos integrantes de la Junta afines a Bellido y de otro crítico. Tampoco una prueba documental de la defensa, que recogía noticias de Levante de Castelló y la propuesta de cese de José MIguel Rebollo y Ana Alegre y que el ayuntamiento ha frenado. Una decena de acólitos a Bellido lo han arropado en la vista.

La acusación reclama por un delito leve de amenazas una sanción de 25 euros por cada día de un mes (750 euros) más 2.000 euros en daños y perjuicios.

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