José Roca vende la pugna que mantiene con la patronal autonómica (Cierval) para justificar la continuidad en el cargo, que ostenta desde 1987. Pero sus detractores le reprochan que su enfrentamiento con el presidente de Cierval, José Vicente González, sólo ha minimizado la influencia de Castelló.
Exponen que la estrategia de Roca ha conseguido dejar solo a Castelló frente a Alicante y Valencia en las negociaciones que se llevan a cabo en torno a la reformulación de la estructura de las patronales autonómica y provinciales. Alicante (Coepa) ha asumido el borrador inicial de Cierval, que plantea la absorción de la provincial valenciana (CEC) y una disminución de las organizaciones de Alicante y Castelló. Esgrime que su auxilio económico actual evita la declaración del concurso de acreedores. El empresariado provincial está en desacuerdo con la reducción de la CEC, pero cree que es necesaria la renuncia de Roca y Montero para mejorar las negociaciones con Valencia.
Los críticos a Roca lamentan que sus divergencias con el presidente de Cierval son personales y esta circunstancia agrava el estado de la CEC, cuya posición en la negociación es endeble ya de por sí dada la deuda que acumula con la misma Cierval (en torno a los 600.000 euros).
Los cursos de formación, donde el secretario general, Rafael Montero, es uno de los diez investigados (que ha sustituido la definición de imputado), también ha restado credibilidad a ambos ante su propia junta de la CEC y la patronal autonómica.
Roca y Montero eluden las críticas que llegan a nivel interno y de Valencia y se aferran al cargo. Pretenden demostrar que actuaron correctamente en la causa judicial. Pero su obcecación amenaza con llevarse por delante a la CEC, cuya situación económica empeora mes tras mes y se acerca al concurso de acreedores.
