Definitivamente, y una vez más, se cumplirá el sabio refranero popular: «A pagar-ho, Pebrereta». Que no sé muy bien quien fue, por cierto, pero que viene a ser la versión autóctona y más laica de ese otro refrán castellano que asegura que siempre «pagan justos por pecadores». En todo caso, sea dicho en valenciano o en castellano, la cosa no cambia para nada. Es lo de siempre, porque siempre acabamos pagando los mismos.
Esta semana el ministro (en funciones) que se encarga de vigilar las cuentas del Estado, y en teoría de sancionar a los malos cuentistas, ha tenido a bien enviar a la Generalitat Valenciana un correo electrónico anunciando que nos toca pagar. El gobierno central (en funciones) piensa descontar de la transferencia de financiación que llegará a la Comunitat Valenciana en el próximo mes de septiembre los 18,9 millones de euros que España debe pagar a la Unión Europea por la sanción impuesta tras pillar a Francisco Camps y Alberto Fabra haciendo trampas al solitario y falsear las cuentas públicas para esconder parte del déficit que generaron entre los años 2008-2011. Y les pillaron.
A la conocida, por reiterada y denunciada, sangría que representa la injusta financiación que arrastramos desde hace demasiados años, y que supone que cada valenciano dejemos de recibir 258 euros menos al año que el resto de habitantes de este país, se suma una multa que el ministro de la amnistía fiscal camuflada de regularización extraordinaria Cristóbal Montoro ha tenido a bien cargar en nuestros bolsillos. Para nosotros, para los vecinos de esta comunidad, ni perdón? ni, por lo que perece, olvido. Alguien tiene que pagar y el gobierno (en funciones) ha decidido que seamos todos los valencianos y no los que cometieron la irregularidad. O en su caso el conjunto de los españoles por aquello de que fue el gobierno central quien en última instancia dio el visto bueno a aquellas cuentas que resultaron estar manipuladas.
Serán casi veinte millones de euros, que dan para mucho y que se necesitan para muchas cosas, los que dejarán de entrar en las arcas de la Generalitat Valenciana por culpa de la mala gestión de aquellos a los que les seguimos abonando una suculenta nómina a cuenta, precisamente, de esas mismas arcas que dejaron esquilmadas. En el mejor de los casos por culpa de su negligencia a la hora de administrar los recursos públicos que pusimos en sus manos.
Pese a ello Francisco Camps sigue cobrando, por supuesto religiosamente, por su condición de ex Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana. Y no poca cosa: percibe 58.000 euros anuales como vocal nato del Consell Jurídic Consultiu. Pero su cargo nos cuesta más y nos sale más caro porque a esa cantidad hay que sumar las nóminas de su chófer y secretaria para mantener el despacho como ex presidente. En total, más de 140.000 euros anuales. Un pastón para agradecer los servicios prestados a quien dejó un solar y unos agujeros que aún estamos tapando.
Por su parte Alberto Fabra cobra como senador territorial 2.813,91 euros mensuales además de una indemnización de 1.822,38 euros al mes por ser de fuera de Madrid (4.636 euros en total). A eso hay que sumar las cantidades que correspondan por formar parte de alguna de las comisiones de la Cámara Alta. Total, otro pico. Que no digo yo que no se lo ganen, aunque pueda llegar a pensarlo.
Hace bien el gobierno, el de la Unión Europea y el de España, en perseguir a los defraudadores y castigar a los que hacen trampas en su manejo del dinero público. Por supuesto. Todo ello para controlar el malvado déficit en el nombre del cual se han cometido los mayores recortes a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y a las maltratadas clases medias de este país. Ese sacrosanto objetivo de déficit que el actual gobierno (cuando no estaba en funciones) sobrepasó hasta el punto que Europa amenaza a España con una sanción de 2.000 millones de euros que el ministro Luis de Guindos va mendigando por ahí que se retire.
Lo hacen sólo para que su hoja de servicios en materia económica, esa que esgrimen como su mejor carta de presentación, no quede manchada. Ellos no quieren pagar, pero si obligan a pagar a los valencianos. Aunque en el fondo les da igual porque saben que al final acabará pagando Pebrereta? y usted, y yo, y el otro.
