.El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido poner en marcha un Plan de Ajuste con el cual se espera poder ahorrar unos 500.000 euros en el último semestre del año con el objetivo de que el impacto de las dificultades económicas que arrastra el municipio «sea el mínimo», como aseguró el alcalde, José Benlloch, que anunció un total de 10 medidas que buscan reducir gastos «porque no queremos hacer la bola más grande».
El alcalde admitió ayer que, entre otras cosas, el consistorio «no está pagando bien» a los proveedores, el período de pago podría estar rondando los 5 o 6 meses, lo que Benlloch valoró «muy mal». La razón para haber alcanzado esta situación sería el «error que cometimos en 2014», cuando el equipo de gobierno solicitó una reducción del IBI del 15% en todos los valores, lo que supuso una merma de los ingresos de aproximadamente 1.800.000?. «Fuimos ingenuos al pensar que teníamos controlada la masacre urbanística provocada por el Partido Popular y los sobrecostes de la gestión de la basura, cuando no estaba controlado», admitió el munícipe que considera el Plan de Ajuste como una serie de medidas necesarias para «no ser irresponsables y dejar que las facturas se acumulen en los cajones como ha pasado en Vila-real históricamente».
El plan está lleno de recortes, como sería el caso de los que se han producido en la programación Estiu a l'Ermita, cuyos costes también se han intentado disminuir poniendo en marcha con retraso el bus que conecta el casco urbano con esta zona turística. La segunda medida «me duele especialmente», afirmó Benlloch, dado que se ha decidido eliminar el programa Vilabeca, una decisión que coincide con el anuncio de la Generalitat de poner en marcha un proyecto similar con el que se espera que se compense la supresión de las becas municipales para licenciados.
Se van a eliminar las ayudas a los emprendedores, una partida que rondaba los 90.000?, que también se espera contrarrestar con el programa de subvenciones de la Generalitat en este ámbito. El cuarto punto plantea suspender, de momento, el Plan de Barrios, de manera que «solo se atenderán los avisos de urgencia» y no se actuará «en nada estético, continuaremos el año que viene».
Las fiestas se verán afectadas por la contención, aunque el alcalde reconoció que no es sencillo, porque «están trabajando con la mitad de presupuesto que manejaba el PP». En cuanto al área cultural, la decisión consensuada con la asociación El Raval ha sido la de eliminar el Festival Internacional de Danzas, que requería un presupuesto que rondaba los 50.000?. El presupuesto de Deportes suspenderá los convenios de colaboración con los gimnasios, «que han entendido que es mejor no prestar los servicios, que no cobrar». A su vez, el Servicio Municipal de Deportes eliminará algunas actividades y reducirá programaciones.
Los recortes en lo que queda de año también llegarán a las campañas de promoción de la ciudad, reduciendo la colaboración en la marca de congresos, mientras que a nivel administrativo se reunificarán servicios, una medida que se podría concretar con el traslado de los departamentos de Turismo y Congresos a los bajos del Gran Casino, a los que podrían sumarse otros servicios públicos.
Modificación del PGOU
Por último, el equipo de gobierno se reserva una medida innovadora con la que pretende frenarse la «sangría de las sentencias urbanísticas». José Benlloch explicó que «con la nueva ley urbanística en la mano y el aval de la Conselleria» se propondrá una modificación del PGOU en lo que calificó como una operación «de cirugía urbanística».
El origen del problema se encuentra en el modelo urbanístico que se desarrolló en la ciudad en las legislaturas anteriores, el popular «Coste 0», que el actual alcalde calificó como «un escándalo para estudiar en las universidades». La modificación del PGOU pretende actuar «solo sobre todo lo urbano», programando recalificaciones, como la que se propondrá para la parcela de Maderas Clemente, una parcela de suelo industrial en pleno casco urbano «que no tiene ningún sentido». La innovadora propuesta del gobierno local es convertir ese suelo industrial en residencial, de manera que se pueda compensar el aprovechamiento urbanístico que se acordó con muchos vecinos de la ciudad en su día, y que el ayuntamiento no se vea obligado a pagar la compensación que ya están exigiendo muchas afectados a través de los tribunales.
José Benlloch confía en que estas medidas no tengan que alargarse más allá del 2016, aunque para que este esfuerzo sea suficiente, se tendrán que tomar otras medidas complementarias como el posible retraso en la apertura de la Ciutat Esportiva. De hecho, e primer edil anunció que con toda probabilidad, a pesar de que el consistorio recibirá las obras la próxima semana, es probable que no se ponga en funcionamiento hasta el mes de septiembre, porque cada nueva instalación abierta «aumentan los gastos de luz, limpieza, etc».
