.El Ayuntamiento de Vila-real trabaja ya sobre el proyecto de creación de una bolsa de aprovechamientos urbanísticos con la que se pretendería dar respuesta a la gran cantidad de propietarios afectados por compromisos adquiridos por los diferentes gobiernos del Partido Popular, que gestionaron el desarrollo urbano de la ciudad «apropiándose de los terrenos sin pagar a los dueños».

Las cifras a las que podrían llegar esos derechos adquiridos por los afectados ya las avanzó el viernes el alcalde, José Benlloch, al asegurar que hay comprometidos «alrededor de 220 millones de euros en metros cuadrados de techo a favor de los propietarios». Eso no querría decir que el ayuntamiento tenga que pagar esa cantidad, pero sí que obliga a los responsables municipales a tomar medidas para evitar que se mantenga el reguero de sentencias judiciales que hasta el momento ya han costado a la ciudad algo más de 16 millones de euros, dado que si en un período concreto de tiempo el ayuntamiento no compensa a los dueños de los terrenos, estos tendrían derecho a exigir expropiaciones, como estaría sucediendo.

Benlloch reconoció que la solución «es difícil», pero ya se ha negociado con la Conselleria que estaría predispuesta a facilitar este paso, con el objetivo de «hacer frente a los empastres del PP sin quebrar el ayuntamiento, para que se pueda pagar mejor a los proveedores y hacer viable nuestro proyecto de ciudad» que, según reconoció, ahora no sería posible, hasta el punto que presentó la puesta en marcha de un plan de ajuste para la segunda mitad del año con el que se quieren ahorrar unos 500.000 euros, a costa de recortar en diferentes actividades y servicios.

Modificar puntualmente el PGOU La propuesta principal pasaría por modificar puntualmente el PGOU, una conclusión que se ha alcanzado después de la elaboración de un informe urbanístico «que ha llevado dos años acabar», que define al detalle cuáles son los problemas de la ciudad, identificándolos y cuantificándolos. Este proyecto se dará a conocer el próximo lunes, cuando se reúnan con el equipo de gobierno los técnicos del gabinete externo contratado por el consistorio para desarrollar el trabajo. A continuación, como anunció el alcalde, se convocará una junta de portavoces para dar conocimiento de la información «y se hará algún tipo de proceso de participación ciudadana».

La idea básica es actuar solo sobre el suelo urbano existente en el término municipal y consistiría, como avanzó Benlloch, en hacer «cirugía», recalificando parcelas para poder destinarlas a suelo residencial, ese sería el caso de la que ocupa la desaparecida Maderas Clemente, en pleno casco urbano, donde «podría autorizarse la construcción de 5 o 6 alturas», lo que permitiría compensar a algunos de los propietarios de aprovechamientos pendientes de ejecutar. A la pregunta de por qué no se habría tomado esta medida antes, José Benlloch defendió que «con la anterior ley urbanística no era posible», la reciente modificación de esta normativa habría puesto en manos de los municipios las herramientas necesarias para dar salida a una problemática «que sufren muchos pueblos, pero en Vila-real está multiplicada por 10».

Una vez más el alcalde responsabilizó a los anteriores gobiernos del Partido Popular de una situación muy comprometida, que tendría que ver con haber planificado un crecimiento urbanístico excesivo que no se adaptaba a la realidad. Benlloch lamentó que los gobernantes populares se dedicaran a abrir calles y hacer parques vendiendo estos proyectos como si fueran «a coste 0, pero que ahora se está pagando». Los propietarios que perdían parte de sus terrenos para que se realizaran estas urbanizaciones no recibían dinero, pero sí que se les comprometía un aprovechamiento que, en teoría, debía compensárseles en nuevas áreas de desarrollo que nunca se ejecutaron. De hecho, en la actualidad Vila-real no contaría con suele urbanizable suficiente para compensar a todos los afectados, de ahí que muchos de ellos estén recurriendo a los tribunales o estén exigiendo el pago de las expropiaciones, con las consecuencias que ya se conocen para las arcas municipales.

Ser responsables

El alcalde aseguró que «podíamos haber mirado hacia otra parte, que pasaran estos tres años, no subir el IBI y aumentar el endeudamiento, dejando la bola para el que venga, pero hemos elegido ser responsables». José Benlloch reconoce que esta nueva medida «provocará conflictividad, los propietarios recurrirán», y se recibirán críticas políticas, pero asume la toma de esta decisión porque, en estos momentos, se plantearía como la única alternativa posible, por lo que pidió el «apoyo de la ciudadanía».