18 de julio de 2016
18.07.2016
Tribunales

Elevan a seis los investigados por la adjudicación de contratos en Cabanes

El juez cita a declarar como investigado al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Vicente Guimerá

18.07.2016 | 16:13

El juzgado de instrucción número 4 de Castelló, dentro de las diligencias previas, ha citado a declarar como investigado al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Cabanes, José Vicente Guimerá, en la causa que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones y pagos de facturas.

Esta nueva imputación se une a las cinco ya existentes: las de los tres últimos alcaldes de Cabanes, los populares Artemio Siurana, Francisco Artola y Estrella Borràs; el arquitecto municipal, Rubén Bellido, y el socio de éste, Juan Antonio Juncos.

Según una providencia con fecha 12 de julio del juzgado hecha pública por el concejal de Units pel Poble, Carles Mulet, el sexto investigado está citado a declarar el próximo 26 de septiembre a las 12.00 horas.

Carles Mulet denunció hace dos años estas contrataciones ante la Fiscalía, que vio indicios de delito y pidió trasladar el caso a los juzgados imputando al arquitecto Rubén Bellido y a la entonces alcaldesa Estrella Borràs.

En el transcurso de las diligencias "se ha acabado investigando a un total de seis personas" vinculadas al consistorio, según ha informado Units pel Poble.

Según denunció Mulet, entre 2008 y 2013 "y nada más tomar posesión Bellido del cargo de arquitecto municipal interino, se adjudicaron cerca de 30 contratos por un valor que superaba los 200.000 euros, al menos uno mayor sin oferta pública y otros claramente fraccionados en varios para poder ser considerados obra menor".

Según las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Castellón, no se encontró por parte del secretario municipal ninguna causa que justificara la externalización de estas adjudicaciones, cuando podían haber sido realizadas por el arquitecto municipal.

El decreto de Fiscalía recordaba que en un informe de mayo de 2014 el secretario municipal tampoco supo desgranar "el motivo por el cual se encargaron esos servicios a este despacho -en referencia a Juncos Redondo Arquitectos- y no a otro".

Según el mismo escrito, "los hechos relatados revisten, en principio y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito continuado de prevaricación, de otro también continuado de fraude y exacciones ilegales y de otro de negociaciones prohibidas a funcionarios".

Cita como principales responsables a la alcaldesa y al arquitecto municipal, aunque señala que en los hechos podrían haber participado otras personas, "la intervención de las cuales tendrá que investigarse".

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