El Castellón quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad sobre la propiedad del club y la titularidad del mayor paquete de acciones. El próximo 8 de noviembre, en Madrid, se celebrará el juicio por la denuncia presentada por el anterior propietario del club, José Manuel García Osuna, por el incumplimiento del contrato de compra-venta de la entidad por parte de David Cruz, actual presidente y máximo accionista del Castellón, y su socio en el momento de la compra, Manolo García. Fuentes de la entidad albinegra aseguraron ayer que, aunque Osuna ganase este litigio, «la propiedad del club no volvería a las manos de Castellnou».

Desde la directiva albinegra, ayer se afirmaba que la sentencia del juicio «será favorable». En la denuncia, presentada en julio de 2012 en el juzgado de Primera Instancia de Madrid, Osuna sostiene que el actual propietario del club no efectuó el pago pactado en la transacción accionarial y tampoco existía constancia del pago anual de 60.000 euros que se debía realizar a Castellnou. Pero, en el Castellón, aseguran que, a partir de la denuncia presentada por Sentimiento Albinegro a los antiguos propietarios de la entidad, se procedió al embargo del crédito derivado de la escritura entre las partes y que también se requirió que no se efectuase pago alguno a Castellnou. Por eso, no se han realizado los pagos anuales

Alargar el proceso

De todas formas, aunque la justicia diera la razón a Osuna e invalidara la compra-venta de las acciones por parte de David Cruz, la actual directiva del Castellón ya ha mostrado su intención de alargar el proceso lo máximo posible. Si la resolución fuese favorable a Castellnou, el club ha expresado el propósito de apelar a instancias superiores. Se trata de un proceso que podría alargarse entre cuatro y cinco años.

Ante este panorama que se podría plantear, fuentes del club de la capital de la Plana señalaban que la actual directiva podría seguir trabajando al frente de la entidad. Por eso, aunque en noviembre la sentencia fuese favorable a Castellnou, «en ningún momento la propiedad revertiría en Osuna».

Cabe recordar que, en la denuncia presentada hace ya casi cuatro años, se acusaba a Cruz y García de «dejación de funciones». Además, se denunciaba que los nuevos propietarios no habían asumido los acuerdos pactados en el contrato. Como ejemplo, se señalaba que en el acuerdo se había concretado «remitir al administrador de Castellnou 2005 los presupuestos anuales del club», además de reunirse «mínimo una vez al semestre, para determinar el nivel de cumplimiento» del contrato de compra-venta.

También sostenía García Osuna que los compradores del Castellón inclumpieron los demandados «la regularización y cierre del ejercicio», además del llamado pacto de no agresión. En las escrituras firmadas en una notaría de El Puig, Osuna aseguraba que Cruz y García renunciaban «a emprender cualquier tipo de acción social de responsabilidad contra cualquier miembro de Castellnou». La directiva comandada por Cruz se sumó a la denuncia presentada por la asociación de pequeños accionistas Sentimiento Albinegro contra la gestión de Castellnou. En este proceso, tanto José Manuel García Osuna como Antonio Blasco, director general en la época de Castellnou, están investigados (la figura jurídica que sustituye a imputado).

Además, solicita que Cruz y García corran con las costas del proceso y les solicita una indemnización de 90.000? "por el grave perjuicio que se le ha causado".