La semana pasada un abogado y un procurador presentaron por registro de entrada del Ayuntamiento de la Vilavella una factura proforma de un servicio contratado por el equipo de gobierno del Partido Popular en 2009, por un importe de 5.700 euros que sigue pendiente de pago. Según explicó la alcaldesa, Carmen Navarro, esta cantidad se correspondería con la contratación de unos servicios profesionales «para recurrir la decisión de la Generalitat Valenciana de anular la homologación de los planes parciales del sector residencial Cantalobos y Vía Augusta».
Navarro detalló que, en concreto, el recurso se presentó en el año 2009 y la factura pendiente de pago es de 2012, aunque se trataría de «una deuda más de las muchas que están apareciendo desde hace un año». La situación está siendo «tan preocupante», como describió la alcaldesa, que el equipo de gobierno ha decidido recurrir a una asistencia jurídica especializada «para poder llevar a cabo todas las cuestiones de los impagos de los diferentes proveedores dejados por el anterior equipo de gobierno».
La gravedad de los hechos no solo estribaría en que no se haya saldado esta deuda cuatro años después, sino que «le preguntamos al Secretario del ayuntamiento por el tema y no sabía nada al respecto». El equipo de gobierno tuvo que investigar sobre la naturaleza de la factura para corroborar que «realmente sí que se había contratado, pero después el PP no pagó».
Que sigan apareciendo cuentas pendientes preocupa a los responsables municipales porque, en lo que llevan de legislatura, han hecho el esfuerzo de saldar todas las deudas, «pero siguen apareciendo, las sorpresas desagradables son constantes».
Otras facturas pendientes
Carmen Navarro recordó, por ejemplo, los más de 6.000 euros que se adeudaban en concepto de pirotecnia del año 2013, los 8.000 euros de espectáculos del mismo año, o el alquiler de mesas y sillas del 2010. Además, «tampoco se había pagado el alquiler de un piano para el curso de música, de una máquina de hacer zumos o la megafonía de la feria agrícola de 2015». A estas facturas habría que sumar los 400.000 euros impagados que se acumularon en la gestión del consorcio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), integrado por la Vilavella y Nules, de los cuales el 15% correspondería a esta localidad. Además, Navarro quiso añadir a esta cuenta en negativo «la ausencia de mantenimiento de instalaciones y edificios municipales durante 12 años», lo que la llevó a afirmar que «con 400.000 mil euros no solucionaremos todos los problemas que hemos heredado».
Ante este panorama, el equipo de gobierno denunció ayer «la mala praxis del anterior gobierno del Partido Popular». Según Carmen Navarro, «nos parece injusto y de muy mal gusto que facturas como estas adeudadas a diferentes profesionales no se hayan pagado en el momento de realizar los servicios».
El temor del equipo de gobierno es que esta «sorpresa» no sea la última, en este sentido aseguraron que «trabajamos todos los días intentando esclarecer estas cuestiones que en algunos casos están caducadas por plazos y fechas, pero que un año después siguen llegando por Registro de Entrada».
