La Guardia Civil ha llevado a cabo desde comienzos del presente año la denominada operación «Pinacho» que se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otras tres más, a las que se les imputa un total de 7 delitos contra el patrimonio ocurridos en las autopistas AP2 y AP7 mediante el método denominado de «el peruano» y cuyas víctimas eran extranjeras.

La operación se inició a raíz un robo ocurrido en el entorno de la AP2 a principios de año en el que unos turistas extranjeros fueron alertados por los ocupantes de otro turismo del pinchazo de un neumático. En el momento de parar el vehículo para auxiliarles, mientras uno de ellos distraía a la víctima los otros procedían a sustraer efectos del interior, emprendiendo posteriormente la huida del lugar rápidamente.

La investigación efectuada por los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Caspe, en la se realizaron numerosas gestiones y se estudiaron las circunstancias dadas en hechos similares posteriores ocurridos en AP2 y AP7, cuyas víctimas eran todas turistas extranjeros, permitieron determinar la identidad de 4 personas presuntas autoras de todos ellos.

Los sospechosos residían en Barcelona por lo que los agentes se desplazaron hasta dicha ciudad el pasado día 14 de julio y procedieron a la detención de uno de ellos, presunto autor material de los ilícitos. Los otros tres implicados no han sido localizados hasta el momento por encontrarse en paradero desconocido, pero la investigación continúa abierta para su localización y detención.

Al detenido y los tres investigados, todos ellos de nacionalidad argelina, de edades comprendidas entre los 29 y 59 años y vecinos de Barcelona, Cornellá y Sant Andreu de Llaveneres, se les imputan un total de 7 delitos contra el patrimonio, cuatro de ellos ocurridos en la AP2 término municipal de Pina de Ebro y Candasnos (Huesca) y 3 perpetrados en AP7 en término de Benicarló y Vinaròs. Además, se les imputan 14 delitos de estafa consistentes en la utilización de tarjetas de crédito sustraías a las víctimas con las que efectuaron pagos en peajes y extracción de dinero en efectivo, llegando a generar un perjuicio económico.