Buena parte de los empresarios de Castelló achacan a Rafael Montero la situación económica de la CEC, pero el secretario general sigue en el cargo de forma provisional. Montero eludió ayer emular a Roca y los tres vicepresidentes. Pese a estar cuestionada su gestión, el secretario general permanecerá al mando en el proceso de transición que ha de encarar la CEC.
El control de la patronal de Castelló se encuentra ahora en manos de Montero y de la junta directiva. Fuentes internas señalaron que Montero no forzará la situación y promoverá la constitución de una gestora provincial, que se encargará de convocar una asamblea electoral.
Las mismas fuentes manifestaron que próximamente se reunirá de nuevo la junta directiva de la CEC para decidir si se nombra una gestora o un presidente transitorio hasta la celebración de las elecciones.
Pese a que había dimitido, Roca estuvo presente, como invitado, en la junta. También, por supuesto, el secretario general, Rafael Montero, quien, según las fuentes consultadas, no se manifestó en ningún sentido sobre la remodelación de la Cierval. La marcha de Roca puede precipitar la salida de Montero cuando se renueve la presidencia.
Roca revalidó la presidencia en junio de 2015. Entonces, el presidente de la patronal turística (Ashotur), Carlos Escorihuela, tanteó sin éxito una posible candidatura alternativa. Un sector de la CEC alentó un posible relevo, pero la obcecación de Roca y Montero en repetir otro mandato hizo que finalmente se tirara atrás.
No obstante, puso en evidencia la existencia de un bando crítico, una rebelión que se ha disparado tras iniciar diligencias un juzgado de Nules por un presunto fraude en ayudas públicas de cursos de formación que superan el medio millón de euros. Entre los investigados se encuentra el secretario general de la CEC. Según la documentación del Consell, estos cursos al parecer no llegaron a celebrarse. Roca y Montero defienden que sí se llevaron a cabo y sostienen que la CEC ha devuelto las subvenciones a la espera de que se resuelva la causa judicial. Pero esta causa ha constatado una falta de transparencia en la gestión de la patronal en los últimos años.
