El Ayuntamiento de Vila-real ha notificado al Registro de la Propiedad, a través de una resolución de alcaldía, la decisión del plenario de renunciar a la titularidad de siete parcelas ubicadas en el antiguo solar de Fritta que constaban como municipales y su devolución a sus propietarios originales. Según defendió el alcalde, José Benlloch, se trata de una decisión con la que se da cumplimiento a una sentencia judicial que anulaba el convenio urbanístico que afectada a estos terrenos, pero con la que además se pretende «proteger a la ciudad» de nuevos contenciosos de la mano de propietarios que denuncian al consistorio porque consideran «que han sido agredidos en sus derechos».
El origen de esta problemática, que Benlloch clasificó junto con el resto de «empastres urbanísticos» del último gobierno del Partido Popular, se remonta al año 2009, cuando el ayuntamiento firmó una convenio con una empresa que proponía una modificación puntual del PGOU para reclasificar el solar de la empresa Fritta y convertirlo en un área de expansión residencial. Como recordó el alcalde, el proyecto fue conocido en ese momento como «el Manhattan de Vila-real», dado que se permitía la construcción de edificios de hasta 20 alturas.
La decisión del ayuntamiento de la época de dar cobertura a la propuesta, que contó con el visto bueno de la Generalitat Valenciana, fue recurrida por propietarios y empresas del polígono industrial limítrofe que, entre otras razones, argumentaban que una zona residencial junto a sus negocios provocaría quejas y problemas de compatibilidad, a la vez que exigían beneficiarse de las mismas ventajas urbanísticas.
De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) apelaba a un principio legal infranqueable que hace referencia «a la justa redistribución de los beneficios y las cargas de la actividad urbanística», dando por hecho, según Benlloch, «que se trataba de un pelotazo cuyos intereses deberán explicar quienes lo promovieron». La sentencia anulaba un convenio que supuso que el ayuntamiento de Vila-real pasara a ser propietario de 7 parcelas, que seguían siendo de titularidad municipal hasta la notificación al Registro de la Propiedad de la resolución anunciada ayer por el alcalde.
Benlloch recordó que la sentencia que reconoció la «ilegalidad» del acuerdo urbanístico es de 2013 y que hasta el momento «se ha realizado un trabajo muy duro, muchos trámites administrativos» para, entre otras cosas, identificar a los actuales propietarios de los solares liberados por el consistorio de Vila-real.
