Rafael Montero sigue con una nómina superior a los 4.000 euros netos mensuales pese a ser sustituido de la secretaría general y quedarse sin función alguna en la Confederación de Empresarios de Castelló. Montero se ha quedado solo en la patronal, tal como comprobó en la junta directiva y la asamblea del lunes, donde no le dejaron asistir, pero se niega a marcharse, de ahí que continúe de empleado.
Estuvo casi 30 años moviendo los hilos de la patronal provincial junto al presidente José Roca. Sus detractores le reprochan que la utilizó la CEC como si fuera una empresa propia. La mayoría de la asamblea lo despojó el lunes de su cargos por su implicación en un presunto fraude de 1,8 millones en ayudas públicas a cursos de formación, pero aplazó su despido ante la negativa de Montero a renunciar. Desde la CEC subrayan que quiere forzar un despido improcedente para cobrar la indemnización máxima (unos 200.000 euros). La patronal pretende echarlo pagando la mínima indemnización que sea posible por el daño que cree que ha generado la causa judicial y para no agravar el estado de sus cuentas. Aspira a formalizar el despido lo más rápido posible ante sus elevadas retribuciones.
La asociación empresarial es consciente de que es complicado esgrimir la causa judicial para eludir la indemnización sin existir una sentencia en firme, pero no quieren mantener a Montero durante el tiempo que tarde en notificarse el fallo, que podría producirse dentro de dos años. Como alternativa baraja un despido objetivo aduciendo la situación de pérdidas de la CEC. En este caso, explican desde la entidad, los 20 días por dos años trabajados -cerca de 100.000 euros- que le corresponderían al ex secretario general serían sufragados en un 40 % por el Fogasa, mientras el 60 % restante se quedaría en el aire si la CEC entra en un concurso de acreedores, que será el escenario más probable cuando finalice el preconcurso por su abultada deuda -1,5 millones-.
Las negociaciones con Montero no serán fáciles y todo hace indicar que el exdirectivo recurrirá a todas las vías legales que estén a su alcance para ser despedido de forma improcedente y cobrar así la indemnización máxima.
La CEC ya no puede ver en pintura a su ex secretario general, ya no sólo por una investigación judicial que puede arruinar a la organización, sino por la herencia económica heredada y la falta de transparencia en su gestión.
Desde la gestora, no obstante, subrayan que con el despido de Montero no hay de momento tomada una decisión. El antiguo controlador de la CEC continúa de mero empleado pero ocupando al parecer el viejo despacho de secretario general.
La patronal, mientras tanto, no tendrá que abonar una segunda nómina al nuevo secretario general, Germán Belbis, ya que seguirá en nómina de la sectorial azulejera (Ascer), de donde procede. Su puesto es accidental hasta que se confirme la salida de Montero.
ERE temporal
Lo más apremiante para la patronal, según la gestora, pasa por resolver los impagos con ocho trabajadores que han presentado demanda ante la Inspección de Trabajo. La patronal plantea un expediente de regulación de empleo temporal, por el que los empleados trabajarían por turnos.
Asimismo, se afanará en liberar sus cargas económica en los próximos cuatro meses -plazo del preconcurso -para evitar la suspensión de pagos. Fuentes internas de la CEC ven difícil disminuir la deuda de 1,5 millones en este periodo. Con el cobro de los retrasos de cuotas pendientes de las sectoriales obtendría 60.000 euros., según las mismas fuentes, que añaden que no se incorporarán otras empresas hasta que no se aclaren los problemas judiciales.
