El dedo acusador de Juan José Rovira se dirige claramente a la administración. No rehúye su responsabilidad pero entiende que quienes no le advirtieron de la ilegalidad son corresponsables y tienen en su mano la solución, que no sería el Plan Especial. «La solución está en manos de los políticos, una decisión suya puede acabar con esta angustia, pero nadie parece dispuesto», critica el afectado.
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