Falta fijar el día y la hora, pero será en septiembre cuando se reúnan la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el presidente de la diputación, Javier Moliner, para abordar la relación entre las dos principales instituciones de la provincia. La alcaldesa irá al encuentro con un listado de reivindicaciones de tipo económico, tras detectar que la entidad provincial, gobernada del PP, ha recortado su colaboración con el ayuntamiento desde que éste cambió de color político en las pasadas elecciones. Marco esgrimirá como argumento el peso demográfico de la capital para reclamar que los castellonenses reciban un trato justo respecto a los vecinos de otras localidades.
El ayuntamiento de la capital se suma así a la rebelión de los grandes municipios, que denuncian un recorte de los fondos que reciben a través de los diferentes planes de la diputación, en los que se prima a las localidades de menos de 20.000 habitantes. Los alcaldes denuncian que ha habido un cambio de criterio en el reparto coincidiendo con la pérdida del poder por parte del PP en los grandes ayuntamientos. Es el caso del Plan Provincial de Obras y Servicios, principal programa inversor de la diputación, del que fueron excluidos inicialmente los municipios de más de 20.000 habitantes, aunque luego el gobierno de Moliner rectificó parcialmente al aceptar financiar actuaciones en pedanías y núcleos diseminados.
El modelo de Valencia
PSOE y Compromís ponen el ejemplo de la Diputación de Valenciana, presidida por el socialista Jorge Rodríguez, que en su provincia ha pactado con las ciudades una asignación económica anual. Instan a Moliner a emular a su homólogo valenciano. El ejecutivo provincial, por su parte, niega los recortes y subraya que colabora sin discriminaciones con las 135 localidades de Castelló, pese a la consigna de la Federación Española de Municipios a las diputaciones para que se vuelquen con los pueblos de menos de 20.000 habitantes.
La cumbre entre los máximos responsables del Ayuntamiento de Castelló y la diputación será en septiembre. Fue en junio cuando la alcaldesa la solicitó en un pleno municipal después de que Javier Moliner le pidiera lealtad institucional. El equipo de gobierno del ayuntamiento maneja cifras que constatan una importante merma de los ingresos procedentes de la diputación. Para este año hay consignados 260.000 euros, de los que la mitad (134.792) corresponden al convenio de seguridad para el servicio de escoltas del presidente Moliner, que prestan agentes de la Policía Local.
El año pasado, el de las elecciones y el posterior cambio de gobierno, la previsión de ingresos procedentes de la diputación era de casi 950.000 euros, de los que 594.000 corresponden al plan Xarxa Llibres. Un año antes, con el popular Alfonso Bataller de alcalde, la diputación inyectó 577.000 euros, mientras que en 2013 la cifra fue de 510.000 euros. Cantidades muy superiores a los 260.000 previstos para este año, el primero íntegro del gobierno bipartito.
Fuentes municipales recalcan que el recorte de fondos es evidente en programas culturales o de juventud, entre otros capítulos.
