La fiscalización realizada por la Conselleria de Sanidad sobre los contratos del Hospital Provincial de Castelló durante la etapa de gobierno del PP ha revelado un cúmulo de posibles irregularidades y anomalías. Entre estas últimas figura la del servicio de máquinas expendedoras de comidas y bebidas, que durante años prestó una empresa sin pagar un canon al hospital.
De hecho, los nuevos gestores del Provincial han subsanado esta situación a través de la convocatoria de un concurso público, todavía sin resolver, para otorgar un contrato plurianual valorado en más de medio millón de euros. La empresa que resulte adjudicataria deberá pagar una cuota al consorcio hospitalario en función de la potencia de las máquinas, con lo que el centro obtendrá unos ingresos en concepto de la electricidad consumida.
El sindicato médico preguntó por la situación de la empresa, ante el temor de que estuviera trabajando sin cobertura contractual. Incluso advirtió del riesgo que supondría en caso de que ocurriera algún problema derivado de alimentos en mal estado, por el que podrían pedir responsabilidades al hospital.
La firma que prestaba el servicio está vinculada a otra de domótica que trabajaba con asiduidad para el Hospital Provincial y que está siendo analizada con lupa. La labor de fiscalización realizada ha llegado a la conclusión de que facturó cerca de 5 millones de euros cuando por contrato tenía estipulada una décima parte. La diferencia se abonó a través de facturas fuera de contrato, en la línea de lo ya denunciado ante la Fiscalía.
Se da la circunstancia de que se trata de una de las empresas que aparecen en el informe de incidencias del exgerente del hospital. Rafael Arce detectó, entre enero y junio de 2014, 155 facturas por un importe global de 351.964 euros. Incidió en que carecían del preceptivo expediente y en que todas eran por importe inferior a 18.000 euros, evitando así la convocatoria de un concurso público.
El entonces gerente dejó de trabajar con la empresa (aunque la firma vinculada de máquinas expendedoras de comida siguió operando) y pidió explicaciones sobre los pagos, aprobados por su predecesor en el cargo, Miguel Llorens. Encargó un estudio sobre los conceptos de las facturas, ante la sospecha de que se estaban fraccionando los importes para evitar un proceso con publicidad y concurrencia.
La Conselleria de Sanidad denunció en junio ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades detectadas en la facturación del Hospital Provincial de Castelló por importe de 25 millones de euros. Del importe total, alrededor de 12 millones de euros corresponden a facturas que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación, mientras que el resto son recibos sin cobertura contractual.
Las irregularidades denunciadas corresponden al periodo comprendido entre los años 2003 y 2015, durante la gestión del PP en el Gobierno valenciano. El escándalo se acentuó cuando el exgerente Rafael Arce confesó a este diario haber recibido amenazas de muerte por querer desmontar «el chiringuito» que se encontró al asumir el cargo.
