La Confederación de Empresarios de Castelló auditará la gestión económica de los exdirigentes José Roca y Rafael Montero en 2015. La junta directiva tomó ayer esta decisión ante la falta de transparencia en las cuentas heredadas. Si este informe descubre un agujero mayor al previsto no se descarta la entrada de la CEC en un concurso de acreedores, informó el portavoz de la nueva gestora, Néstor Pascual.
El representante empresarial explicó que esta auditoría se llevará a cabo para dilucidar el estado de las cuentas. La CEC se ha encontrado con un balance en el que no se puede conocer la salud financiera de la organización. En principio, la idea de la gestora pasaba por presentar un preconcurso para hacer frente a los impagos pendientes, pero ante la falta de claridad en los números de 2015 ha optado por realizar una auditoria. Según sus resultados se analizará si se presenta al preconcurso o directamente entra en la antigua suspensión de pagos (concurso) como forma de reflotar su situación económica. La patronal tiene hasta el 31 de octubre para confirmar el preconcurso, con los que los datos del informe auditor se esperan para antes de esta fecha.
Pascual admitió que la CEC carece de fondos para costear us pagos pendientes. La patronal , tal como ha informado este diario, acumula una deuda de cerca de 1,5 millones, de los que 600.000 euros corresponden a créditos bancarios, mientras más de medio millón se deben a la Cierval por subvenciones de cursos de formación que tuvo que reintegrar a la Generalitat.
Los empresarios castellonenses pegaron el primer golpe en la mesa contra la gestión de Roca y Montero el pasado 25 de julio. Entendieron que la patronal urgía un cambio por la causa judicial por un presunto fraude en cursos de formación y la negativa situación financiera. Entonces, los exvicepresidentes forzaron a Roca a dimitir de la presidencia y provocaron el primer relevo en la entidad en tres décadas.
Una gestora asumió la dirección de la CEC en lugar de Roca con el fin de sortear los problemas económicos y se aplazó sin fecha la convocatoria de elecciones a presidente. La cúpula está conformada por cinco personas: Carmelo García (transporte de mercancías), Vicente Cuevas (transporte de viajeros), Néstor Pascual (Fepac), Maite Balada (asociación mujeres empresarias) y José Vicente Bono (Asebec).
A las pocas semanas, la junta destituyó a Rafael Montero de la secretaría general tras ser procesado en el caso de los cursos de formación, en el que se investiga un presunto fraude en ayudas públicas a cursos de formación de 1,8 millones. Germán Belvis asumió la función de Montero, quien continuará de empleado hasta que se determine su despido.
La patronal ha de hacer frente a la causa judicial y la demanda interpuesta por impagos de nóminas a ocho trabajadores. A su vez, luchará por mantener su autonomía en el proceso de reestructuración que negocia con la Cierval.
