La Universitat Jaume I de Castelló suscribió ayer la petición del rector de la Universitat de Valencia, Esteban Morcillo, a la Generalitat Valenciana en la que le urgía recuperar la financiación pública previa a la crisis actual, «en lugar de situarnos a niveles insostenibles de hace10 años».
Fue el pasado viernes, 9 de septiembre, cuando en el marco del acto de apertura del curso académico de este centro público, Morcillo, aprovechando la asistencia de los consellers de Educació, Vicent Marzà, Sanitat, Carmen Montón, y Transparència, Manuel Alcaraz, alertó de que con el actual sistema de financiación, no se podía mantener la calidad de los servicios en las universidades públicas valencianas.
Fuentes de la Jaume I reiteraron ayer las palabras del rector de la Universitat de València, y explicaron que la situación de las universidades públicas valencianas era delicada desde el inicio de la crisis. Insistieron también en la necesidad de crear un nuevo modelo de financiación para el Sistema Universitario Público Valenciano, como ya reclamó el rector de la Universitat de València el pasado viernes.
Del mismo modo, detallaron que era precisamente Morcillo quien ocupaba la portavocía de las cinco universidades valencianas, y que, por tanto, sus declaraciones de la semana pasada incluyen no sólo al centro académico de Valencia, sino también a todo el conjunto de universidades públicas de la Comunitat, ya que, según explicaron desde la UJI, comparten problemas e inquietudes, sobre todo en lo que se refiere a la financiación.
Sin gobierno
Pero junto a los problemas financieros, desde la Universitat Jaume I explicaron que había otros asuntos relacionados con el propio funcionamiento de la universidad que preocupaban a la institución en este inicio de curso. Aunque el tema presupuestario, advirtieron, se gestionaba a nivel autonómico, otros asuntos, como la reposición de personal o la oferta académica era competencia del gobierno central.
Este mes de septiembre se cumplen nueve meses desde que el país celebrara las primeras elecciones, y desde entonces, ha sido un gobierno en funciones, con competencias muy limitadas, el que ha gestionado la política estatal. Con todo, muchos asuntos de importancia para las universidades permanecen en espera.
