Los ayuntamientos de Nules y la Vall d'Uixó buscarán la fórmula legal que les avale para no tener que pagar las facturas pendientes de los años 2012 y 2013 por la gestión de los ecoparques instalados en sus municipios. Ese sería el resumen de una reunión convocada ayer por el Consorcio de Residuos de la zona C-3 V-1, en la que todas las partes afectadas coincidieron en que la responsabilidad de asumir una deuda que supera el 1.200.000 ?, no debería corresponder a los ayuntamientos, aunque un juez ha determinado en una sentencia que son los únicos responsables.
Como adelantó ayer Levante de Castelló, la empresa adjudicataria de la gestión de los ecoparques, instalados no solo en Nules y La Vall sino también en otros municipios del área de gestión como Algimia o Estivella, como consecuencia de un vacío legal comprobó cómo las facturas mensuales que emitía por su trabajo pasaban de los ayuntamientos al Consorcio y viceversa sin que nadie autorizara el pago. Tuvo que esperar al 2014, cuando se repercutió este coste a la tasa de residuos, para que se normalizara la situación, aunque no se saldó la deuda atrasada.
En la reunión de ayer, que dirigió el presidente de la entidad provincial, Paco Salt, se explicó a los representantes de los municipios, entre los que estaban Nules, la Vall d'Uixó, Algimia y Estivella, que la sentencia desestima el contencioso administrativo interpuesto por la empresa contra el Consorcio para que liquide la deuda, pero no obliga a pagar a los ayuntamientos. Sin embargo, en los fundamentos de derecho que motivan su decisión, se indica que «la mercantil actora debe cobrar pues ha realizado su trabajo y en consecuencia debe ser el municipio al que le ha prestado el servicio el que debe pagar el coste causado».
El representante de Nules, el teniente de alcalde, Adrián Sorribes, explicó a la salida del encuentro que «lo único que sabemos en este momento es que pediremos informes técnicos para saber si debemos o no pagar, estudiaremos la documentación de que disponemos y con eso defenderemos los intereses de los vecinos de Nules», que pasarían por no tener que asumir los 619.959,60 ? pendientes.
En la misma línea se plantearía la actuación en la Vall d'Uixó, que en primera instancia, por un error de interpretación de la sentencia, denunció públicamente que la gestión del PP local había motivado una nueva sentencia judicial en contra del consistorio que les obligaba a cargar al presupuesto 621.135,68 ? inesperados.
Los afectados pudieron saber que el origen de sus problemas está en un acuerdo previo a la constitución del Consorcio, por el que los ayuntamientos aceptaban asumir el coste de los ecoparques y de hecho, como recoge la sentencia judicial, fue así entre los años 2008 y 2012, aunque hay que precisar que en algunos municipios el ecoparque no estaba construido.
Con la constitución de la entidad supramunicipal todos dieron por supuesto que el mantenimiento de estos servicios ya no correspondían a los ayuntamientos, pero tanto los informes técnicos de cada administración, como la interpretación del jurista sobre los hechos, ha complicado la situación hasta el punto que, hoy por hoy, la empresa no sabe quién saldará la deuda, aunque tanto en Nules como en la Vall asumen, por lo afirmado en la sentencia, que si se llega a los tribunales tendrán que hacerlo.
