La Audiencia Provincial ha respaldado la decisión del juez que instruye el caso de las presuntas facturas falsas de PIAF, y ratifica el auto dictado el 29 de abril de 2016 por el que declaraba este proceso como una «causa compleja», lo que supone un revés para los implicados que lo habían recurrido, antes incluso de que se iniciaran las declaraciones, dado que esto quiere decir que se amplia el plazo de la instrucción de 6 a 18 meses.
El encargado de hacer público este fallo, que ha sido notificado hace un par de días, fue el alcalde de la ciudad, José Benlloch, que ayer aseguró que «no nos alegramos del mal ajeno», aunque sí que mostró su satisfacción porque, desde su punto de vista, que se amplíe el plazo legal para investigar los hechos no es más que una garantía a la hora de «defender los intereses de los vecinos de Vila-real».
La última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy había planteado una serie de limitaciones a los plazos de instrucción, de manera que después de 6 meses los magistrados tenían tres opciones: archivar el caso, sentar a los acusados en el banquillo con las pruebas que se hubieran podido recabar en ese tiempo o declarar la causa compleja, aunque para este último supuesto se establecen una serie de condicionantes que, como se recoge en el auto nº 403/2016 de la Audiencia Provincial, se cumplen en este ocasión.
Según se recoge en esta resolución, el caso de las facturas falsas de Piaf tendría una «complejidad intrínseca», pero además se habría tenido en cuenta «la propia actividad procesal de las partes y la variedad de recursos presentados». A su vez, se reconoce que «la propia denuncia se refiere a delitos complejos en su tramitación y además se investigan a varias personas, y los hechos objeto de investigación son variados, los contratos a analizar son muchos y su volumen de estudio es ciertamente elevado». En concreto, Benlloch aseguró que la documentación aportada «rondaría ya los 1.000 folios».
Apoyo de Fiscalía
Paralelamente se ha producido otra decisión que complicaría la situación procesal de los encausados, el ex alcalde, Juan José Rubert; el teniente de alcalde, Ramón Tomás y los dos administradores de Piaf, y es que «por fin contamos con el apoyo de la Fiscalía», según destacó Benlloch, quien explicó que lo habitual es que la declaración de complejidad la plantee el ministerio fiscal, pero en este caso fue el propio juez el que la presentó lo que, para el alcalde, constataría la existencia de evidencias que justificarían que se alargue en el tiempo la investigación.
Por otro lado, el alcalde de Vila-real insistió, como ya explicó a Levante de Castelló, en que cabe la posibilidad de que en el tiempo en que dure la instrucción aumente el número de personas investigadas, en clara referencia a los concejales y ex concejales del Partido Popular que han sido citados como testigos. Benlloch afirmó de forma contundente que «si se considera que hay indicios suficientes», la asesoría jurídica contratada por el consistorio podría solicitar al juez que se cambiara la consideración de testigos a investigados para alguno de ellos.
