El sindicato Comisiones Obreras instó ayer a la Conselleria de Sanidad a «adoptar medidas urgentes para dar estabilidad a más de 240 trabajadores del Hospital Provincial de Castellón».
Mediante un comunicado, la organización citó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal la concatenación de contratos temporales para cubrir vacantes en el sector público, para afear al departamento de Carmen Montón que no haya dado una solución a los 125 trabajadores que fueron contratados de manera irregular en 2015, según reveló la auditoria conocida a principios de septiembre.
Así mismo, insiste la organización sindical, en el centro hay todavía 118 trabajadores de carácter interino de los que 34 están ocupando plazas ofertadas en concursos públicos que están pendientes de resolución y 84 corresponderían a plazas pendientes de creación.
Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad y la dirección del centro se está a la espera de que la Universidad Jaume I concluya el informe de asistencia técnica solicitado en su día y que ha de servir de base para reordenar los recursos humanos del Hospital Provincial.
Aunque la fecha límite está marcada el 9 de noviembre por la extinción de los contratos, fuentes del centro hospitalario y de la conselleria apuntan a que en breve se conocerán los detalles del informe para que se puedan tomar decisiones respecto a estas plazas.
No obstante, las circunstancias especiales del hospital por regirse mediante un consorcio fuera de la red pública, la propia situación económica de la Generalitat y la dependencia del gobierno central en cuanto a la creación de nuevas plazas y el nuevo plan funcional del centro condicionan sobre manera la posibilidad de estabilizar la plantilla, como piden los sindicatos.
El Hospital Provincial se regula mediante un consorcio del que forman parte casi en igual medida la Conselleria y la Diputación de Castellón. Esto hace que los trabajadores no sean considerados empleados estatutarios, sino laborales, lo que dificulta equiparación a otras plazas públicas.
Del mismo modo, para ofertar nuevas vacantes Sanidad debe contar con el visto bueno de Hacienda quien a su vez está limitada por el gobierno central, que solo permite cuotas limitadas en la tasa de reposición de las plazas.
Por último, el departamento de Carmen Montón considera sobredimensionada la plantilla del centro en comparación a otros hospitales similares, con el agravante de que el centro castellonense no tenía población asignada. Montón también describió la estructura de la plantilla como «asimétrica» en material salarial y en la que 33 personas cobran más que un director general, lo que origina un sobrecoste del 6,4%.
