La Fiscalía de Castelló ha archivado las diligencias de investigación que se incoaron por la denuncia por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa, injurias y calumnias que presentó el vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, contra la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y el actual diputado nacional del PSPV, Artemi Rallo, después de que la conselleria denunciara ante el ministerio público la existencia de facturación irregular en el Hospita Provincial por valor de 25 millones de euros entre los años 2006 y 2015.

La resolución se fundamenta en la propuesta del fiscal instructor, en la que indica que el enjuiciamiento del delito de acusación y denuncia falsa precisa de una condición de perseguibilidad, la denuncia del «ofendido», y de una condición de procedibilidad, la existencia en el procedimiento a que hubiera dado lugar la denuncia de «sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo».

El ministerio público considera que ni una ni otra concurren en el presente caso, de modo que procede el archivo de la denuncia presentada atribuyendo a los hechos referidos tipicidad penal.

Así mismo, señala con respecto a la valoración jurídica que se realiza en el escrito de denuncia al dar una triple calificación al hecho denunciado, que el concurso de normas por absorción existente entre el delito de calumnia y de injurias y entre el primero y la denuncia falsa obliga a un unitario tratamiento jurídico, siendo de aplicación lo expuesto en cuanto a la persecución de este último delito.

En dicha denuncia Sales se refería a una serie de manifestaciones ante los medios de comunicación de los denunciados relativas a irregularidades en la gestión de contratos públicos suscritos por el Hospital Provincial, dando a entender responsabilidad por tales hechos del presidente de la diputación, Javier Moliner.

Respuesta de la consellera

La consellera afirmó que «no se va a dejar intimidar» ante las acciones de dirigentes del PP «a impedir denuncias por irregularidades cometidas durante su mandato».

«No vamos a consentir ninguna irregularidad en el uso del dinero público, y ante cualquier sospecha acudiremos a la fiscalía para que determine si, además de irregularidades, existe algún tipo de delito perseguible», indicó. El diputado del PSPV, Artemi Rallo, por su parte, aseguró que el archivo «claramente aborta el intento del PP de amedrentar a los ciudadanos y a los representantes políticos».