Un vecino de Nules, con raíces en Mascarell, deberá asumir el coste de 9.000 euros por la demolición de una vivienda construida en una parcela que el ayuntamiento recalificó como zona verde en el PGOU del año 1992. Una decisión urbanística que no fue notificada a los dueños de los dos solares afectados y las casas llevaban décadas construidas.
Antonio Cases empezó a ser consciente de la problemática hace un par de años cuando recibió una llamada en la que se le informaba de que parte de una casa de propiedad de su madre se había desplomado. El ayuntamiento no tardó en intervenir. Aunque el desprendimiento se produjo en el interior, se abrió expediente y se ordenó al propietario derribar los tres muros que dan a la calle.
Hasta aquí todo podría parecer normal, si se tiene en cuenta que la construcción es antigua y está abandonada, ya que la familia no le daba ningún uso. Pero para comprender la tesitura en la que se encuentra Cases hay que remontarse atrás varios años más, cuando al poner en venta la propiedad y llegar a un acuerdo con un comprador, se enteraron de que «no podíamos seguir adelante porque nos enteramos que en el registro la casa consta como zona verde, por lo que no podíamos vender».
La sorpresa fue mayúscula, ya que la propietaria legítima de la casa que ocupa varios cientos de metros cuadrados junto a las antiguas escuelas, desconocía por completo que en el año 1992 el ayuntamiento aprobó un PGOU, que también afectó a Mascarell, en el que se consideró que tanto esta parcela como otra colindante, en las que existían sendas viviendas, pasaban a ser zona verde, aunque como Antonio Cases asegura y fuentes próximas al ayuntamiento confirmaron, «nunca se notificó a nadie y se enteraron cuando intentaron venderla».
De este modo, a efectos legales la parcela es propiedad de Antonio Cases, como heredero de Soledad Vedrí, pero por su calificación urbanística no puede disponer de ella, salvo a la hora de proceder al derribo ordenado.
De hecho, la semana pasada el afectado recibió una notificación del ayuntamiento en la que se le informaba de que dado que no había procedido a la demolición, como se le indicó en mayo de 2014, el consistorio iba a actuar de manera subsidiaria. En la resolución se le informa de que se va a proceder a «demoler las construcciones y edificación existente en el inmueble y retirar los residuos y escombros generados a vertedero autorizado para su gestión», al tiempo que se considera que las obras «tienen un presupuesto revisable para su ejecución de 8.811,27 euros», una cantidad económica que deberá asumir el propietario.
Sin recursos suficientes
Antonio Cases se siente «víctima de una injusticia» a la que, entre otras cosas, no puede hacer frente por no tener recursos suficientes. Según asegura, el ayuntamiento actual le informó de que posiblemente a final de este año podría modificarse la calificación del suelo que le afecta, aunque esa medida solo haría que aumentar sus problemas dado que, más de 20 años después de que se considerara zona verde y después de haberle impedido que vendiera la propiedad por esa calificación, «quieren que pague 9.000 ? que no tengo por una casa que cuando pudimos no me dejaron vender».
Antonio podría exigir al ayuntamiento que le paguen una indemnización o una expropiación por la recalificación que se aprobó en 1992. Además, tiene pocos días para alegar la resolución del expediente, o de lo contrario tendrá que pagar casi 9.000 euros por el derribo de la casa.
