El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló heredó una gestión caótica del patrimonio municipal, tal como han expuesto un informe de la Policía Local y la última resolución de la fiscalía. 42 obras están desaparecidas, 300 se encuentran sin registrar y otras sin actualizar. El ayuntamiento ha decidido contratar a un especialista externo para poner orden en el catálogo artístico. Su trabajo será el de reordenar tanto las obras registras como las que no en un formato que luego se podrá introducir en una aplicación informática, explicó ayer la portavoz y concejala de Cultura, Verònica Ruiz.
El nuevo catalogador empezó su labor el lunes y su contrato finalizará en diciembre. Una vez termine su trabajo, el ayuntamiento confía en que aparezcan las 42 piezas extraviadas, subrayó Ruiz.
Este fichaje constata la falta de personal en el área de Patrimonio para llevar a cabo trabajos de catalogación y explica el desorden de las pasadas legislaturas. El gobierno municipal, además de crear esta plaza provisional, también tiene previsto informatizar el inventario municipal.
Con este contrato externo, Cultura espera regularizar la situación del patrimonio municipal. Primero solicitó los servicios de estudiantes de la Universitat Jaume I para que indagaran el estado del catálogo. El trabajo de la UJI puso de manifiesto que faltaban obras del inventario local, por lo que el ayuntamiento instó a la Policía Local a emprender una investigación interna. El informe policial puso sobre la mesa la desaparición de 46 obras artísticas y la falta de registros en los anteriores mandatos. Luego aparecieron cuatro que estaban en un exalquiler municipal. El ayuntamiento decidió llevar sus conclusiones a la fiscalía para que dirimiera si se había producido un presunto delito.
El ministerio público ha archivado las diligencias porque considera que no hay pruebas de que la desaparición de las obras haya sido producto de un delito, pero expone una falta de rigor en la gestión del patrimonio de la ciudad. Recoge las impresiones de la investigación de la Policía Local, que señala que las entradas y salidas en la Casa de la Cultura no se registraban hasta 2010.
El grupo popular ha pedido explicaciones Ruiz tras el archivo por sembrar, a su juicio, sospechas en los munícipes populares, mientras la Ruiz rebate que deberían ser los populares los que pidieran perdón por el descontrol en el patrimonio.
