El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, manifestó al término de la reunión del Consejo de Gobierno que explorarían la vía jurídica para «derribar» los acuerdos que suponen la modificación efectiva de la plantilla del Provincial y el despido de 17 trabajadores.
Moliner apeló a la falta de la documentación justificativa y a los estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló para tratar de invalidar la modificación de plantilla acordada por el Consejo de Gobierno.
En concreto, el mandatario provincial apeló al artículo 13 de los estatutos, que definen las funciones del Consejo de Gobierno. La argumentación que utiliza la corporación provincial se asienta en la invalidez del Plan Funcional en el que se basa el informe técnico de la UJI.
Moliner considera que al no estar aprobado por el consejo, el Plan Funcional no tiene validez y, por ende, tampoco la modificación de plantilla.
En concreto, en los estatutos vigentes del consorcio, publicados por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 28 de agosto de 2013, el artículo 13.1 b) determina que son funciones del Consejo de Gobierno «la aprobación del plan general de actuación del Hospital Provincial de Castelló».
A este punto, se añade el informe de la Universitat Jaume I. Los servicios jurídicos de la diputación están estudiando la documentación para argumentar la posición, pero ayer todavía no se había incorporado el informe a esos estudios. No obstante, se trata de una interpretación de los estatutos, cuya resolución también es competencia del Consejo de Gobierno.
Fuentes del equipo de gobierno apuntan que la exploración de la vía jurídica va a incorporar el informe a la documentación analizada, al que consideran «insuficiente» para justificar lo que califican como «desmantelamiento» del Hospital Provincial de Castelló.
La diputación dio por rota cualquier posibilidad de negociación tras la reunión del martes, por lo que la vía jurídica se vislumbra en el horizonte como único marco de relación entre ambas entidades.
