El pleno celebrado ayer en la Vall d'Uixó se caracterizó por dos cuestiones. Por un lado por incluir un solo punto en el orden del día, que contrastó con los 15 acuerdos que tuvieron que votarse en despacho extraordinario, entre ellos la reducción del IBI propuesta por el equipo de gobierno, que vendría a sumarse a la rebaja del 30% del valor catastral que se habría aplicado ya este año.

En concreto, en el pleno se acordó pasar de un coeficiente municipal del 0,86 al 0,85, lo que supondrá una reducción en los ingresos del consistorio de 150.000 euros, según aseguró el concejal de Hacienda, Javier Ferreres, que defendió que «es la única reducción que se puede permitir el ayuntamiento a día de hoy».

Pero el IBI no fue la única fuente de ingresos del ayuntamiento que sufrió una modificación a través del despacho extraordinario. También se planteó cambiar la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre vehículos. En concreto, se acordó la exención en el pago para las personas que posean la tarjeta de vehículo adaptado.

También se incorporará una reducción en la tasa que pagan los locales de ocio por instalar terrazas en la vía pública. En concreto, se establecerá una tasa anual de 35 ?/m2, que contrastaría con los 15 ?/m2 mensuales que tenían que pagarse hasta ahora. En cuanto a los períodos festivos en los que, de manera ocasional, pueden instalarse estas terrazas, como fallas, Les penyes en festes o las fiestas patronales, para lo que se establecerá un baremo por metros cuadrado y días, de manera que sea proporcional.

Empresa de recogida de residuos

También por despacho extraordinario se planteó la aprobación de una serie de deducciones a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria «por servicios no prestados». Este punto motivó duras críticas desde la oposición del PP. Su portavoz, Elena Vicente-Ruiz, acusó a la alcaldesa, Tania Baños, de «llevar un año engañando a los valleros» en relación a este contrato. La relación de esta empresa con el ayuntamiento lleva motivando muchos titulares, desde que el ex alcalde, Óscar Clavell, fuera imputado por el pago de unas facturas que los servicios técnicos municipales consideraban que no se correspondían con los servicios prestados. Una situación, la del incumplimiento del contrato, que estaría repitiéndose en la actualidad, como demostraría el acuerdo propuesto por el tripartito.