El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido recurrir a los tribunales para que sea un juez el que determine cuál es la valoración de los terrenos en los que se encuentra el jardín del Botànic Calduch que, según una reciente sentencia, deberían ser devueltos a su legítimo propietario tal y como estaban antes de la urbanización, por considerar que la ocupación directa que realizó el Partido Popular era «contraria a derecho».
Según explicó ayer el alcalde, José Benlloch, que el consistorio se haya decidido a presentar recurso de apelación contra esa decisión judicial no quiere decir que no reconozcan que se cometió «una ilegalidad» por parte del anterior gobierno popular. De hecho, a través de un comunicado Benlloch justificó que «la Junta de Gobierno Local ha adoptado esta decisión por discrepancias en el valor de los terrenos», que en principio rondaría los 5,5 millones de euros, una cantidad que en el caso de tener que ser asumida para mantener el jardín «supondría la ruina para nuestra ciudad».
Tras hacerse pública la sentencia en la que se reconoce el derecho del propietario sobre sus terrenos, que se ocuparon sin que hubiera compensación económica, el representante legal del afectado, Ricardo Agulleiro, aseguró que la expropiación era la única alternativa a la desaparición del jardín. «mi cliente no quiere sangrar al municipio, ni quedarse con el parque, solo espera que se reconozcan sus derechos justamente», añadió Agulleiro.
No cierran la puerta a negociar
La figura de la ocupación directa, según argumentó el letrado, es una intervención «salvaje» de la administración que sustituye a la negociación con los propietarios para llegar a un acuerdo. A esa negociación apunta ahora el actual equipo de gobierno, que destacó que presentar el recurso a la sentencia no quiere decir que se cierre la puerta a la negociación, más bien parece que de esta forma se pretenden proteger los intereses de la ciudad, por si al final el acuerdo no fuera posible.
La sentencia judicial, según Agulleiro, establece que se debe continuar con el procedimiento de expropiación en el punto en el que se dejó, que fue cuando el dueño de la parcela presentó la solicitud del inicio del expediente de justiprecio «a lo que el ayuntamiento respondió con una ocupación directa sin negociación», ofreciendo a cambio otros terrenos en un área de desarrollo que, según el juez, no podía valorarse metro por metro, porque no todas las zonas tienen el mismo valor.
En definitiva, el ayuntamiento quiere guardarse las espaldas, y mientras negocia con el propietario con el que ya se han iniciado contactos, según el comunicado oficial, también se recurre en los tribunales, para lograr que la cantidad total a pagar sea la mínima posible.
