Sanmartín, tras seis meses como representante del presidente Ximo Puig, el cual le encomendó la coordinación política con la administración local, arrastra la condición de ser un cargo sin funciones ejecutivas y el miedo a pisar terreno a las consellerias, aunque sus ganas de explicar la gestión del Consell abarcan cualquier tema planteado.

¿Cuál es exactamente la función del delegado territorial de Presidencia?

Se ha pasado de una secretaría autonómica a una dirección territorial y la diferencia es que ahora la ocupa un funcionario, sin coste adicional. La función es hacer de puente entre los ayuntamientos y la administración autonómica. Además, intentamos racionalizar la agenda del presidente en la provincia de Castelló, para darle un contenido más allá del protocolo por delegación del presidente.

¿Sería bueno que se determinaran para este cargo funciones ejecutivas?

Las funciones son clarísimas; es una delegación de la presidencia igual que tiene cualquier dirección territorial de las consellerias. Representamos al Consell en general y a la presidencia en particular. No tienes unas funciones de presupuesto propias, porque está centralizado en Valencia, pero sí que tienes la delegación de la presidencia en todo los ámbitos de gestión. Es muy importante la presencia del Consell en el territorio y el presidente Puig lo tiene muy claro.

Esta coordinación con la administración local, ¿tendrá extensión con el Fondo de Cooperación Municipal?

Si algún hito importante quedará de esta legislatura, y queda tiempo aún, será la dotación económica de un fondo que ya estaba creado. Es algo muy importante para los municipios porque los alcaldes alcanzan la mayoría de edad porque serán ellos quien determinaran dónde tienen que ir las inversiones, que ya no serán finalistas. El presidente se cree de verdad este fondo y lo ha dotado con 40 millones de euros por parte de la Generalitat y se añaden los 40 millones más que han de poner las diputaciones. Valencia se ha comprometido ya a poner cerca de 23 millones de euros, Alicante se va a comprometer con 14 millones y la de Castelló se debería comprometer con cerca de 6 millones. Yo le propongo al presidente de la Diputación de Castelló que abandone los convenios singulares, que resultan desde un punto de vista democrático y de lealtad con los alcaldes tremendamente irregulares. No es casual que el 80% de los convenios vayan a ayuntamientos del PP cuando apenas representan el 20% de la población donde están gobernando. Aquí sí soy maniqueo; o es blanco o es negro. O pone fondos o no los pone. Desde aquí le pido al presidente de la diputación que tiene que colaborar. Le estoy pidiendo únicamente el 5% del presupuesto de la diputación.

Pero la diputación ha propuesto que la Generalitat la considere administración local y le pide que aporte fondos a los POYS.

En estos momentos, lo digo sinceramente, la diputación provincial ha dejado de representar a todos los municipios de Castelló, puesto que, insisto, a sabiendas ha estado discriminando a una serie de municipios por su adscripción política en dos acciones clave. Por un lado por los convenios, como he dicho y en segundo porque ha estado excluyendo en una serie de subvenciones a los municipios mayores de 20.000 habitantes. ¿Cómo se puede discriminar al 70% de la población que representan estos municipios? Representa solo a los municipios del Partido Popular y ahora tiene una ocasión perfecta, a través del Fondo de Cooperación Municipal.

¿Ha faltado discurso en la actuación de Sanidad en Castelló?

Desde la delegación intentamos coordinar, pero son las consellerias y la dirección territorial quien tiene las competencias; ellos han salido a explicarlo por activa y por pasiva y yo también he salido, no hay problema en eso, pero se busca el consenso en las propias consellerias.

¿Y respecto al Provincial?

Las primero es la integración en la red sanitaria valenciana, no la red pública, porque pública ya lo es aunque esté en un consorcio. Lo primero en la integración es la complementariedad del Provincial con el Hospital General, cada uno como centros referencia cada uno en lo suyo. En el segundo tema, la consellera se ha planteado cambiar el modelo del Provincial, primero para salvarlo de la quiebra técnica porque la deuda es la que es y segundo para que pueda seguir siendo referencia, ara lo que había que salvarlo y proponer las inversiones. Y en tercer lugar, ¿queremos que sea el Hospital Provincial sea un modelo de clientelismo político? La consellera ha planteado un modelo perfectamente transparente y tremendamente legal. En la cuestión laboral, se han creado 109 lugares de trabajo reales, numerados y dotados económicamente, ajustados a la legalidad y se sustituye un trabajo que era en precario por un trabajo de calidad, y se ha de explicar bien a los sindicatos.

En este proceso que usted califica de transparente y explicado, los sindicatos no han tenido la posibilidad de entrar a negociar la modificación.

Los políticos, mal cuando decimos que con nuestras explicaciones se entienden todos, a veces no debemos explicarlo bien cuando mucha gente no se entera o se entera parcialmente. Quiero recordar que se ha actuado en el tema laboral de forma rápida porque en 2014 el TAL ordenaba regular una gran cantidad de contratos que estaban fuera de la ley y el señor Moliner no hizo nada para solucionarlo; no necesita el informe de la UJI porque sabía perfectamente que se estaban concatenando de manera ilegal los contratos y el informe le ha servido como una gran cortina de humo.

Los presupuestos contemplan 6 millones menos para Castelló.

Los presupuestos tienen dos partidas, las nominativas y las genéricas. Si vamos a las nominativas, es lo que es, pero en partidas genéricas hay mucho más en los presupuestos actuales que el año pasado. A pesar de la deuda tremendamente envenenada, los presupuestos permiten seguir consolidando los servicios públicos de calidad y seguir apostando por un modelo económico competitivo.