Año 2012. La crisis en plena incidencia sobre las economías familiares y el Gobierno aprueba una revisión catastral en Castelló que duplicaba el valor de los inmuebles urbanos de la capital de la Plana, que pasaba de una media de 38.560 euros a 71.660. Los efectos aún durarán de cara al recibo del IBI de 2017, pese al acuerdo plenario de ayer que atenua un poco el impacto en los bolsillos de los castellonenses, pero no lo zanja.

Es por ello que el equipo de gobierno, según anunció ayer el concejal de Gestión Municipal, el socialista Antonio Lorenzo, tiene previsto reclamar al Ministerio de Hacienda, en enero de 2017, «una nueva ponencia catastral que adecue la valoración de los inmuebles de la ciudad a la realidad nacida con la crisis». Lorenzo insistió en que «no queremos que los vecinos sigan pagando impuestos por esos bienes en virtud del valor fijado antes del colapso del mercado inmobiliario».

El segundo paso destacado de cara al futuro será el desarrollo de un plan bienal de control tributario que debe culminar en la creación del Consejo Municipal de Inspección, «un instrumento que nos debe servir para que nadie contribuya ni más ni menos de lo que le corresponde», expuso Lorenzo en el pleno extraordinario que avaló las ordenanzas fiscales para 2017.

Su compañero en el equipo de gobierno y portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, destacó la relevancia del citado Consejo Municipal de Inspección como arma para «luchar contra el fraude fiscal». Asimismo, incidió en la necesidad de una nueva revisión catastral «porque tenemos viviendas valoradas antes de explotar la burbuja inmobiliaria».

Por lo que respecta a la revisión de las ordenanzas fiscales debatida ayer, todas salieron adelante gracias al apoyo de Castelló en Moviment a las propuestas del equipo de gobierno, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron en los cambios en el IBI y votaron en contra de la subida de la tasa de basura.

Sobre el IBI, Antonio Lorenzo explicó en que el tipo de gravamen pasará de media del 0,78 al 0, 74 por ciento, lo que compensará en parte la subida prevista para el próximo ejercicio, «al que todavía alcanzará el incremento iniciado en la revisión catastral de 2012». Lorenzo aseveró que «se evitará un aumento de dos millones en la carga fiscal a las familias», aunque eso no evitará que el IBI, en la práctica, suba en numerosos recibos de la ciudad.

Por lo que respecta a la tasa de basura, 35.000 viviendas verán el recibo congelado -92,1 euros-, 17.500 lo elevarán en 4,61 euros y 35.000 inmuebles con valores catastrales más altos sobrepasarán por primera vez los 100 euros -en concreto 101, 3 ? -de recibo de basura al incrementarse en 9,2 euros.

Reacciones políticas

Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment, destacó el trabajo conjunto con el equipo de gobierno para consensuar las nuevas ordenanzas, destacando en este sentido la «progresividad fiscal y justicia social» y apostando por reclamar ya la esperada revisión catastral.

Carlos Feliu, del Partido Popular, acusó al bipartito de falta de diálogo y aseguró que se incrementan los impuestos «a las empresas que generan empleo». Asimismo, según sus números, los ordenanzas fiscales aprobadas ayer supondrán aumentar en mas de 3 millones de euros los ingresos del consistorio por la presión fiscal. Finalmente, Vicente Vidal, de Ciudadanos, consideró insuficiente una rebaja «que podría haber sido mayor».