09 de noviembre de 2016

La segunda fase del caso de la planta de Castor avala la actuación administrativa

La declaración ante el juez de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España corrobora que los funcionarios de los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente solicitaron los estudios posibles y actuaron de acuerdo a la legalidad

09.11.2016 | 02:41
La segunda fase del caso de la planta de Castor avala la actuación administrativa

La declaración de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la causa judicial del proyecto Castor ha corroborado la correcta actuación de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y de Industria en la tramitación de la planta de gas construida en la costa de Vinaròs.

Las comparecencias de los representantes del IGME forman parte de la segunda fase de interrogatorios que el juez instructor de Vinaròs llevó a cabo entre los meses de mayo y julio, en la que declararon como nuevos investigados el exdirector del almacén de gas y un ex director general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y testificaron 18 personas, entre otras, los citados empleados del IGME y técnicos del Observatorio del Ebro. El magistrado investiga supuestos delitos de prevaricación ambiental a los funcionarios de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y de la Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por la resolución del 7 de junio de 2010 que otorgó autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para el desarrollo del almacén subterráneo de gas, que en 2013 cesó su actividad por orden del Ministerio de Industria. También implica a varios directivos del Instituto Geológico y Minero de España por el informe de enero de 2007.

Según fuentes judiciales, los responsables del IGME, a preguntas de la fiscalía, afirmaron que «ellos habrían procedido exactamente igual que los funcionarios de la dirección de política energética y que sus compañeros del IGME de 2007 en el proceso de tramitación». De esta manera, exculparon a la Dirección General de Política Energética y a los responsables del IGME. Ambos fueron autores de un informe en 2014 solicitado por el Gobierno tras registrarse una serie de terremotos en la zona. Respecto al informe del IGME de 2007, indicaron que el objeto de este estudio era el de valorar que la explotación era viable desde la óptica geológica y minera.

Por su parte, los técnicos del Observatorio del Ebro, en su testificación del 2 de julio, declararon que «en una zona de riesgo sísmico bajo, instalar una red regional que monitorice la sismicidad previa al proceso de inyección de gas supone un estudio de peligrosidad sísmica».

Cabe recordar que la empresa firmó en 2007 un convenio con el Observatorio del Ebro para vigilar la actividad sísmica. El ex director general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en su comparecencia del 30 de mayo, también sostuvo que Escal signó un acuerdo con el Observatorio del Ebro para comprobar la sismicidad en el entorno del almacén de gas.

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