Los expertos participantes en la mesa redonda celebrada ayer en el Hotel Luz de Castelló con motivo de la inauguración del Congreso Nacional de Sanidad Penitenciaria defendieron el derecho a acogerse a la objeción de conciencia en la atención sanitaria. No obstante, Francisco Oliva, doctor en Derecho, y Joan Monés, secretario de la comisión central de deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), señalaron que debería ser algo excepcional y evaluado por un juez.
Oliva hizo hincapié en que los casos de objeción de conciencia sean actos «meditados, serios, reales y profundos» para evitar que se convierta en «objeción de conveniencia» como ocurrió con el servicio militar. El doctor en derecho añadió que existen casos que son meramente «discrepancias» con ciertas políticas y recordó que la objeción de conciencia solo se debe a cuestiones religiosas o ideológicas. Además, apuntó que la objeción de conciencia lleva implícito evitar la sanción por el incumplimiento de la ley y que es por eso que debe ser un juez quien la autorice.
Por su parte, Joan Monés explicó que en el ámbito penitenciario, tanto los reclusos como el personal sanitario pueden ejercer su derecho de libertad ideológica y, por ende, el derecho a la objeción de conciencia. «Ahora bien, en los presos, este derecho se encuentra limitado por el orden público, que debería ser evaluado por el juez», señaló. Como ejemplo, Monés puso el caso del preso de ETA Iñaki de Juana Chaos que se declaró en huelga de hambre y tuvo que ser alimentado por orden judicial.
Inauguración
El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) José Tomás Quiñonero Díaz, y el presidente del comité organizador, Julio García Guerrero. El objetivo del congreso es lograr la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional de salud, de la mano de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. La transferencia «es la única manera de que la sanidad penitenciaria tenga futuro», afirmaron Quiñonero y García Guerrero. Ambos consideran que la transferencia marca un camino para igualar la sanidad penitenciaria con la que se practica en el sistema nacional y señalaron el momento actual como decisivo y más, tras aprobarse recientemente en el Senado una propuesta para instar a esa transferencia.
