El conseller de Hacienda hizo hincapié en la presentación del presupuesto en las inversiones previstas en el Hospital Provincial, donde la Generalitat mantiene una pugna con la diputación y la sección sindical Comisiones Obreras. Soler respondió que el Consell garantiza el futuro del Hospital Provincial al asumir la deuda de 30 millones, programar un plan de inversiones de 19 millones de euros y aumentar en 2017 su aportación al presupuesto del centro en un 5,4 % -de 56 a 59 millones-.
El Consell contempla para el próximo ejercicio 1,8 millones para reposición de equipamiento del centro hospitalario, 1 millón para el proyecto de ampliación y 1,5 para la adquisición para la adquisición del PET-TAC. La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, subrayó que por primera vez la provincia dispondrá de un servicio de diagnóstico propio en oncología con el PET-TAC. Esta unidad, añadió, absorberá a los pacientes de los Hospitales de la Plana y Vinaròs, que ahora han de trasladarse a Valencia. Ferrando recordó que el anterior Consell prometió en 2010 la compra de un nuevo equipo pero que optó por uno móvil que se desplaza dos veces por semana, con un coste, explicó, de 500.000 euros anuales. «En sólo tres años de alquiler se habría podido comprar un equipo propio», remarcó.
Con el caso del PET-TAC, el actual Consell quiso evidenciar la caótica gestión de los anteriores responsables del Hospital Provincial.
El conseller de Hacienda defendió la reestructuración laboral en el centro, que ha regularizado 109 de 124 contratos que se encontraban en fraude de ley, no renovándose otros 17 al considerar la Conselleria de Sanidad en su plan funcional que estas plazas no son necesarias.
Soler reiteró que el Consell ha ejecutado lo que el Tribunal de Arbitraje Laboral venía exigiendo desde 2014 y subrayó que con la regularización de la plantilla, que pasa de 805 a 888 puestos, se pone fin a la «opacidad» y el «clientelismo». «No hay nada peor que un trabajador dependa de la voluntad del político de turno», sostuvo. El delegado del Consell en Castelló, Adolf Sanmartín, acusó al PP de intentar desviar la atención con el informe de la UJI que solicitó Sanidad para complementar su plan laboral, mientras Soler instó a la diputación a explicar las 25 millones de facturas irregulares
