El alcalde de Vila-real, José Benlloch, espera poder aprobar antes de finalizar 2016, o a mucho tardar en enero de 2017, un proyecto que consistiría en adjudicar todos los aprovechamientos pendientes como consecuencia de la gestión urbanística de los últimos 4 años de gobierno del PP, en zonas industriales urbanas degradadas o deslocalizadas, como única opción para «taponar la sangría que nos está matando», según palabras del edil Emilio Olbiol, en referencia a las sentencias judiciales que están lastrando las cuentas municipales.

Así lo explicaron ayer en una comparecencia conjunta Benlloch y Olbiol, que aseguró que la ley urbanística aprobada en 2014 creó «nuevas técnicas operativas de gestión de suelo», que permitirán al Ayuntamiento de Vila-real dar una salida a «un riesgo total derivado de los derechos de aprovechamiento de 231 millones de euros». Esta cantidad se correspondería con 698.000 m2 de techo que el anterior gobierno del Partido Popular comprometió con propietarios de terrenos en los que se construyeron avenidas, jardines, colegios y otras infraestructuras «a coste cero, que solo significaba que no lo pagaban ellos, pero lo tendría que pagar el que viniera», como denunció una vez más Benlloch.

El consistorio trabaja en la actualidad en concretar el borrador de un proyecto por el que los propietarios que mantienen sus reservas urbanísticas tras perder sus terrenos sin recibir ninguna compensación a cambio, recibirían estos aprovechamientos en siete zonas urbanas. En concreto, según Benlloch, acogiéndose al artículo 79 de la nueva ley urbanística, el ayuntamiento apostará por «renovar, regenerar y rehabilitar todo lo urbano, zonas industriales degradadas o deslocalizadas, pero sin recalificar nada, sino colmatando lo que ya existe pero está abandonado».

Estos terrenos se ubicarían en siete zonas «estudiadas al detalle» por la empresa encargada de realizar este proyecto y serían las de los alrededores de la avenida Grecia, del Botànic Calduch, de Maderas Clemente, los antiguos terrenos de Azuvi, las manzanas del PGOU 532 y 536 y algunas zonas de Espai Vila-real y la ciudad del transporte, tal y como definió Olbiol.

Jornadas urbanísticas

Benlloch defendió que el equipo de gobierno tiene claro que este será un «proceso transparente» que, entre otras cosas, se debatirá en unas jornadas sobre urbanismo que se celebrarán el próximo 22 de noviembre «abiertas a todo el que quiera acudir» y donde se ofrecerá información sobre la problemática de los aprovechamientos y las implicaciones para toda la ciudad ya que, como defendió Emili Olbiol «este no es un problema del ayuntamiento con los propietarios afectados, perjudica a todos los vecinos», entre otras cosas porque las sentencias urbanísticas millonarias que están llegando contra el ayuntamiento «se pagan con dinero de todos».

Tanto el alcalde como el concejal quisieron insistir en el hecho de que el caso de Vila-real es excepcional, dentro de las irregularidades urbanísticas que se puedan haber cometido en el territorio autonómico, porque esta figura de urbanismo a coste 0, por el que el ayuntamiento ocupaba unos terrenos sin contraprestación ni negociación con los legítimos propietarios, prometiendo unos aprovechamientos que «eran humo», solo se había producido de manera puntual en algunas ciudades como Valencia, Madrid o Borriana (caso de la Papelera), pero «en Vila-real era lo habitual».

Con todo, Benlloch advirtió que, en su «legítimo derecho» los propietarios afectados podían no aceptar esta propuesta municipal, «pero de acuerdo con la nueva ley urbanística, tendrán que probar que no pueden dar salida al aprovechamiento que se les ha ofrecido». En cualquier caso, para el alcalde de Vila-real esta es la única salida posible a esta cuestión ya que «con dinero es inviable solucionar el problema», finalizó el primer edil.