La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes que el Consell está estudiando la posibilidad de ampliar el Palacio de Justicia de Vinaròs para integrar el órgano judicial que actualmente está fuera de la sede y poder instalar la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, y ha señalado que "es lamentable que un edificio nuevo se quedara pequeño tan pronto".

Bravo ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los medios en Castelló para informar sobre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) que, según ha dicho, deberían estar en funcionamiento bajo el nuevo modelo antes de tres meses. Por otra parte, la consellera ha apuntado la necesidad de un nuevo juzgado de lo penal en Castellón, y se ha referido a los juzgados de Nules, donde "la carga de trabajo es inadmisible".

Al respecto, ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya explicó la posibilidad de separar las jurisdicciones y que las competencias en materia de violencia pasaran a los juzgados de Vila-real para rebajar la carga de trabajo de Nules.

"Pero este año de gobierno en funciones se han paralizado todos los proyectos, por lo que estamos a la espera de retomar las conversaciones y adoptar una solución", ha indicado Bravo, quien ha anunciado que si hubiera que crear un nuevo órgano judicial en Nules, habrá que ampliar la actual sede, y si no se crease, habrá que remodelarla "porque presenta muchas carencias".

En este sentido, la consellera ha anunciado que este martes mantendrá una reunión en el CGPJ para valorar el nuevo informe para actualizar las necesidades judiciales en la Comunitat Valenciana y, según el mismo, "elaboraremos un nuevo informe que remitiremos al Ministerio de Justicia para abordar las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales".

Bravo ha recordado que el Consell había presupuestado para 2016 la creación de once órganos judiciales nuevos "y nuestra gran decepción ha sido que no se hayan puesto en marcha". Así, ha dicho que no sólo reivindica estos once órganos, "sino los quince que nos debe el Gobierno y que el Consell del PP en 2010 se negó a poner en marcha". Al respecto, la consellera ha indicado que la Comunitat "llevamos casi siete años sin creación de plazas, lo que nos sitúa en uno de los territorios con mayor carga de trabajo".

Víctimas del delito

Por otra parte, Bravo ha indicado que en la provincia de Castelló la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de ámbito provincial contará con un letrado, un psicólogo y un trabajador social, mientras que las de Vila-real y Vinaròs, además de por un letrado, estarán asistidas por dos personas más -dos psicólogos o un psicólogo y un trabajador social".

Respecto al personal que prestaba asistencia en las oficinas de la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito, la consellera ha explicado que, con la puesta en marcha del nuevo modelo, "se pondrá en marcha un proceso de extinción de la fundación y un ERE que no significa la extinción de todos los puestos de trabajo, ya que valoraremos las funciones del personal y sus capacidades y, si podemos, lo integraremos en el nuevo modelo como personal laboral indefinido no fijo, aunque posteriormente la Administración está obligada a sacar las plazas para que se pueda concurrir".