El Ayuntamiento de Castelló ha fijado en 417.163,69 euros el precio a pagar por la expropiación de los 3.596 metros cuadrados de terrenos en los que pretende desarrollar una segunda fase del aparcamiento verde abierto el pasado mes de octubre frente al Hospital General de Castelló. La cifra está muy alejada de las pretensiones de los propietarios, que en sus alegaciones habían llegado a reclamar al consistorio más de dos millones de euros. El consistorio, según una resolución de la Junta de Gobierno Local, ha rechazado las propuestas de los tres propietarios implicados -dos particulares y la Fundación Balaguer Gonel Hermanos-, por lo que da vía libre a las expropiaciones, si bien los afectados tienen ahora un plazo de un mes para aceptar la resolución o trasladar el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

El objetivo del ayuntamiento es, si la burocracia lo permite, desarrollar durante el próximo año la segunda fase del denominado 'parking' verde del Hospital General. Hace algo más de un mes se abrió al público la primera fase, desarrollada en una parcela municipal de 4.561 metros cuadrados, que contó con una inversión de 302.000 euros. La alcaldesa, en el citado acto, ya anunció que se estaba trabajando en la negociación de los terrenos del resto del solar para poder ejecutar la segunda fase «y dotar a la ciudad de un espacio digno» tras años de abandono frente al centro sanitario.

Por lo que respecta a estos terrenos, la Fundació Balaguer Gonel Hermanos cuenta con el 74 por ciento del total. Tanto esta entidad como los otros dos particulares, en sus alegaciones, habían reclamado que se incluyese en la superficie a expropiar los 571 metros cuadrados que, según aseguraban, se cedieron gratuitamente en su momento para la apertura de la calle Llimera con motivo de la promoción de un conjunto de viviendas. El ayuntamiento, en su contestación, se muestra abierto a valorar esa superficie siempre que se aporte la documentación que lo confirme, algo que hasta la fecha no existe.

Los alegantes, por otro lado, consideraban que el proceso de expropiaciones era nulo al estar suspendido el Plan General y estar vigentes unas normas urbanísticas transitorias de urgencia, pero los técnicos municipales lo desestiman al considerar que sí queda recogida esta actuación en las citadas normas.

Pero el gran caballo de batalla ha sido el de la valoración de los terrenos, considerados por el ayuntamiento como zona verde y rodeados por suelo urbanizado industrial. Los propietarios querían que se valorase su hipotético desarrollo residencial y no veía correcto que se fijase como fecha de estudio el mes de diciembre de 2015.

El análisis final del arquitecto municipal constata que «el valor de mercado se ajusta a la realidad económica y urbanística del año 2015, en plena crisis económica y con los precios de las viviendas en constante y progresivo descenso». Además, el técnico municipal insisten en que estamos hablando de una zona predominantemente industrial con factores que contribuyen a la «depreciación del valor del uso residencial».