El Juzgado de Instrucción número 3 de Castelló ha citado a declarar como investigados el próximo 31 de enero al expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y al piloto de motos Álex Debón, en la causa abierta por un presunto delito de cohecho en uno de los patrocinios del aeropuerto castellonense.
La causa, iniciada a partir de una denuncia del Ministerio Fiscal, investiga el dinero recibido por la mercantil del piloto por patrocinio de Aerocas, la sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castelló y participada por la Diputación y la Generalitat, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según datos aportados por Aerocas, Debón percibió de la sociedad pública cuando ésta estaba presidida por Carlos Fabra, 3,6 millones de euros en concepto de patrocinio.
Recientemente el titular del Juzgado requirió a la Policía Judicial para que completara la investigación realizada por la Fiscalía y elaborara un informe sobre el dinero que, según recoge la denuncia del Ministerio Público, recibió el deportista y los importes que éste, a su vez, transfirió al expresidente de la Corporación provincial, han añadido las mismas fuentes.
El exmandatario fue condenado el 31 de marzo de 2016 a pagar 368.234,19 euros al piloto Álex Debón y a asumir las costas del juicio a raíz de la demanda interpuesta por Debón en la que reclamaba el pago del préstamo personal que habían suscrito entre ambos.
Los hechos se remontan a cuando el expiloto abonó en cuatro transferencias entre 2010 y 2013 un total de 360.000 euros a Carlos Fabra. Tras el último pago, ambos firmaron el 30 de marzo de 2013 un reconocimiento de deuda y un calendario de pagos que Fabra nunca cumplió.
Acumulación de causas
El expresidente de la Diputación deberá comparecer también ante los juzgados de Castelló el próximo 28 de noviembre a las 10:15 como investigado por un posible delito societario por la venta del campo de golf de La Coma, en Borriol, a la familia del golfista Sergio García tras la querella interpuesta por dos de los socios de la empresa de la que Fabra fue presidente y consejero.
El exlíder popular castellonense cumple actualmente una condena de cuatro años de cárcel por estafar a la Hacienda Pública 700.000 euros.
