El Síndic de Greuges emitió un informe en octubre en el que «recomienda» al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón que «facilite al acceso directo a la documentación solicitada» por una abogada miembro del colegio y que había solicitado a los balances, cuentas de resultados, memoria, libro de operaciones y facturas ante la convocatoria de una Junta General Ordinaria.
La consulta fue elevada al Síndic por la letrada castellonense Silva Vicente, que solicitó como miembro del Colegio de Abogados la documentación relativa al funcionamiento y a los gastos del colegio a la Junta de Gobierno y ésta le denegó la mayor parte de la información alegando que «afectaba a terceros» y que su difusión podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.
La negativa se enmarca, según denuncian diversos abogados pertenecientes al colegio, en un proceso continuado de falta de transparencia e información por parte de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
De hecho, ocho letrados presentaron ante la dirección del colegio un escrito en julio de 2016 en el que solicitaban acceso a «la totalidad del soporte documental en que se amparan las operaciones consignadas en el Libro de Operaciones» de los ejecicios de 2012 a 2015 ante la sospecha de que no se ha hecho un uso correcto de los fondos.
Por su parte, la dirección alega que los colegiados pueden examinar las cuentas en la sede del colegio ante la convocatoria de las Juntas Generales Ordinarias aunque constriñe esta consulta al ejercicio presente y al calendario añexo a la convocatoria.
Así mismo, se manifiesta que «no existe previsión legal o estatutaria alguna que ampare la petición de entrega de copia de los Libros y toda la documentación contable de los ejercicios 2012/2015, con independencia de que en dichos documentos constan datos de carácter personal cuya cesió o comunicación no está autorizada legalmente».
Este grupo de abogados ha iniciado los trámites para la judicialización de la negativa al acceso a la documentación y tras haber concluido el pasado 21 de noviembre el acto de conciliación «sin aveniencia», estudian presentar una demanda contra la Junta Directiva del colegio.
