Las personas con movilidad reducida de la Vall d'Uixó verán cubierta una de sus principales reivindicaciones de los últimos años en el momento en que se aplique la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública con terrazas, dando así respuesta a una problemática que se agudizó con la Ley Antitabaco, que prohibía fumar en el interior de los locales, proliferando la instalación de mesas y sillas en la vía pública, en algunos casos encima de las aceras. La nueva ordenanza confeccionada en la Vall pretende poner fin a este conflicto.
Desde que se planteó la necesidad de modificar esta normativa local, el equipo de gobierno quiso contar con todos los agentes implicados, de manera que se constituyó una comisión de trabajo en la que se integraron asociaciones de discapacitados, restauradores y los grupos políticos con representación municipal, a excepción del Partido Popular, que rechazó la invitación, como lamentó el concejal de Compromís, Jordi Julià, que les criticó que «están en otras cosas y se han opuesto a participar en solucionar un conflicto que crearon ellos huyendo de los problemas y generando malestar en la ciudadanía».
Los principales beneficiarios de la nueva ordenanza participaron ayer en la presentación del texto. Francisco Rivera, representante de los restauradores, reconoció que la negociación hasta llegar a un acuerdo «ha sido un tira y afloja bastante duro», pero entre los aspectos más importantes de este proceso, desde su punto de vista es «que ha sido consensuada». En cuanto a los detalles que se desarrollan, Rivera destacó que la norma contempla que «todos los locales tengan las mismas oportunidades» a la hora de instalar una terraza, por lo que, a su parecer, «la restauración sale favorecida».
Respetar la accesibilidad
En cuanto al parecer del representante de la Comissió d'Accesibilitat, José Vte. Gregori explicó que su papel ha sido la de garantizar que «se respeta la accesibilidad de las personas con movilidad reducida» y valoró el resultado de manera positiva asegurando que «nos han hecho bastante caso», de hecho resaltó que «el mayor consenso ha sido en eso». En la modificación que se ha aprobado, se establece «que haya suficiente apertura incluso para que puedan pasar dos personas con discapacidad a la vez, sin tener que esperar».
El texto de la ordenanza se encuentra en la actualidad en exposición pública, dando un plazo de 30 días para que se puedan presentar alegaciones o aportaciones. La alcaldesa, Tania Baños, aseguró que una vez concluya este trámite «revisaremos estas propuestas e incluiremos las que se consideren», de manera que se pueda proceder a la aprobación de manera definitiva.
La concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, quiso recordar que el actual equipo de gobierno se planteó la necesidad de modificar la normativa municipal «desde el primer momento». Según la edila «la ordenanza anterior que el PP creó en 2013 fue un corta y pega en el que no se contó con la opinión de nadie» lo que provocó que «se haya aplicado en pocas ocasiones, generando numerosos problemas de convivencia».
