La corporación municipal de Castelló de 1988 cedió la gestión de las fiestas a los colectivos que la integran pero a cambio redujo la fiscalización municipal de unas cuentas que se nutren de dinero público. Un ente externo al ayuntamiento -Junta de Festes-se encargaba de manera autónoma de programar gastos y ingresos sin la participación de profesionales del consistorio. Ello derivó en un sistema opaco que carecía del control necesario de la Administración. El interventor general y el director del área presupuestaria, José Manuel Medall y Pascual Hernández, reiteraron en la sesión de la comisión de investigación de fiestas de ayer la total falta de control por parte del ayuntamiento en la antigua Fundación de Festes.

«Desde el momento en que la fundación no funcionaba como un organismo autónomo sin funcionarios que fiscalizaran no se puede verificar que las cuentas de fiestas reflejen su situación real» el director del departamento presupuestario en respuesta al concejal de CS en Moviment y presidente de la comisión, Xavi del Señor, que previamente le había mostrado un informe del compareciente en el que expresaba «las debilidades» en la gestión de la Junta por carecer la actividad festera de los preceptivos expedientes administrativos

La vieja Fundación, añadió el interventor, se estructuraba en la Junta y en patronato. La primera entidad, cuyos integrantes eran elegidos por una asamblea de entes festeros, gestionaba el presupuesto festero de manera autónoma, mientras el patronato, del que formaban parte representantes municipales y la Junta, coordinaba relaciones entre ayuntamiento y la organización festera. La Junta realizaba su propia contabilidad y trasladaba el presupuesto y la liquidación para que el patronato y el pleno municipal lo validaran. El director del área económica adaptaba los documentos de la Junta a la contabilidad pública para su remisión al Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura de Comptes. En sus dictámenes, los dos técnicos alertaron de manera constante de que la actividad festera no se ajustaba la normativa relativa a la legislación local. La Junta operaba como una especie de empresa privada pero con fondos del presupuesto municipal, de ahí las objeciones de los funciones del ayuntamiento.

El interventor resaltó que en 2006 -accedió a su actual cargo en 2005-afirmó que con los estatutos de la Fundación «no podía ejercer sus funciones». Desde entonces y hasta que se disolvió la Fundació en 2014, presentó anualmente informes con reparos en los que señalaba que no había podido llevar a cabo la fiscalización interna y que no podía concretar la situación real de los gastos e ingresos de la Junta con la documentación que le remitían. El interventor puso reparos hasta en eingresos efectuados por la Junta por estar justificados de acuerdo con la legislación, un hecho, que tal como expuso, no suele ser habitual.

Por su parte, Roberto Medall, que fue interventor delegado de la Fundació de Festes, explicó que sólo informaba del presupuesto y de la liquidación e insistió en que no «podía fiscalizar» la gestión festera porque no disponía de documentación para ello.