El Ayuntamiento de Castelló activará en enero el primer consejo de inspección fiscal para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Este organismo, que forma parte del acuerdo alcanzado para las ordenanzas fiscales de 2017 entre CS en Moviment y la coalición de gobierno del PSPV y Compromís, revisará toda la realidad tributaria actual, entre otros ámbitos, intervendrá en vados, tasas e Impuesto de Bienes Inmuebles. También revisará la relación de bienes de la Iglesia para comprobar si hay algún caso que no le corresponda estar exento del IBI, aunque fuentes municipales subrayaron que el Obispado paga por las propiedades que no cumplen con los requisitos que marca la ley.
El consejo municipal fiscal estará integrado por concejales de los grupos políticos con representación en la corporación y por técnicos municipales y tendrá un papel de coordinación entre los departamentos de hacienda, urbanismo, catastro y la empresa de recaudación.
«Hay errores y desfases que se producen que hay que corregir», apuntó Iñaki Vallejo, concejal de Castelló en Moviment que ha formado parte de las negociaciones que alumbraron las ordenanzas fiscales de 2017. Vallejo subrayó que se cruzarán datos entre las diversas áreas y el consejo analizará en que impuesto y tasas se producen más impagos.
Desde el equipo de gobierno local resaltaron que «se revisará todo», aunque cabe destacar que uno de los puntos donde más se prevé una mayor actuación será en la tasa de vados. El ejecutivo también ha anunciado una próxima modificación de la ordenanza de vados a fin de mejorar la regularización en este sector.
Por su parte, socialistas y Esquerra Unida también exigieron en la anterior legislatura con vehemencia un estudio de los bienes eclesiásticos liberados del IBI para averiguar si algunos de los mismos no tenían un fin de culto o socio-educativo, las condiciones que el Concordato entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y la ley de régimen local establece para quedar exonerado del pago del IBI.
Castelló en Moviment presionará que se haga una inspección del patrimonio eclesiástico. Desde el ejecutivo local afirmaron que se llevará a cabo pero puntualizaron que en este caso la diócesis sí abona los recibos del IBI en los inmuebles que dispone con ánimo de lucro.
El objetivo último del consejo fiscal será, añadieron desde el ayuntamiento, el de mejorar la recaudación reduciendo la cifra de morosos. «Si pagan más todos pagaremos menos», remarcaron las mismas fuentes.
Cabe tener en cuenta que el servicio de recaudación está externalizado. El bipartito descarta de momento la recuperación de este servicio, pero el consejo fiscal nace, entre otras cuestiones, para reforzar la coordinación entre los diversos departamentos municipales y el servicio que gestiona la iniciativa privada.
Las ordenanzas municipales fiscales del próximo año también contemplan una adaptación de las ponencias de valores del catastro de la ciudad para adecuarlos a la realidad actual. La revisión del catastro de 2012 se fundamentó en precios de los años del «boom» y disparó un impuesto que se calcula de acuerdo al catastro como el IBI. No en vano, para el próximo año se reducirá un 5 % su coeficiente para contener la subida catastral.
