La comisión de investigación de fiestas ha puesto en evidencia la falta de fiscalización de la antigua Fundació de Festes de Castelló. Este sistema nació en 1988 con el propósito de ceder la organización y el manejo del presupuesto de fiestas a los colectivos que las integran. Era un ente vinculado al ayuntamiento pero una Junta elegida por el «món de la festa» operaba como una especie de empresa privada, lo que hacía que sus cuentas, a pesar de depender del erario público, no pudieran controlarse de forma correcta, tal como han expuesto en las sesiones de la comisión funcionarios de la intervención y el área económica del ayuntamiento. Además, según fuentes municipales, operó en una especie de limbo legal durante los 27 años que estuvo operativa. Explican que su creación se fundamentó en una ley de régimen local de 1955 y revelan que una revisión del Tribunal de Cuentas en las fundaciones de 2009 puso de manifiesto que la entidad festera no estaba registrada como fundación.
No formaba parte del registro de fundaciones porque, agregan las mismas fuentes, su estructura correspondía a un ente adscrito al consistorio. Es por ello, señalan, que los técnicos locales realizaban informe sobre el presupuesto y la liquidación de la Fundació. El interventor general y el director del departamento de presupuestos manifestaron la semana pasada en la comisión que llevaron a cabo dictámenes que luego se remitían al Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura de Comptes, pero admitieron que ponían objeciones a la gestión de fiestas porque carecían de la documentación necesaria para poder fiscalizar los números de fiestas.
Ello sucedía, indicaron, porque la Junta de Festes trabajaba con su propio interventor y su gestión económica adolecía del concurso de técnicos municipales. De esta manera, las contrataciones que efectuaba no cumplían la ley de contratos públicos.
El que fuera secretario del ayuntamiento en 1988, José Mateo, afirmó que tanto él como el interventor de la época pusieron reparos a los estatutos de la Fundació, y apuntó que la corporación optó por esta estructura como forma de incorporar a los colectivos festeros en la programación de las fiestas. En la comisión subrayó que la Junta daba traslado de los contratos al consejo rector de la Fundació -dirigida por el ayuntamiento- cuando faltaban pocas semanas para la celebración de la Magdalena. Así, la Fundació, que formalmente debía validar el programa de actividades de fiestas, no tenía tiempo para hacer las correcciones oportunas. «A ver quién era el guapo que las rechazaba antes de fiestas», espetó el exsecretario.
La exportavoz de EU, Carmen Carreras, dio la voz de alarma en la pasada legislatura con el funcionamiento de la Fundació por su falta de control público. En 2006, Castelló se integró en la ley de Grandes Ciudades y el consistorio tenía la obligación de transformar la Fundació en un patronato al provenir el 80 % de sus fondos de las arcas municipales. Los estatutos del Patronat se aprobaron en 2012, pero hasta la entrada del actual gobierno no se activó el nuevo entramado con la provisión de plazas de empleados públicos. Ahora, la Junta programa pero las contrataciones han de ser formalizadas por técnicos del Patronat. La concejala de Festes, Sara Usó, ya ha anunciado que por primera vez los actos festeros se adjudicarán con concurso público.
Concurso públicos
