El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, ha tenido que gestionar en sus cinco años al frente de la corporación provincial y en los cuatro ejercicios que lleva como presidente del Partido Popular un juicio, siete imputaciones y seis investigaciones relacionadas con casos de corrupción en su entorno político. Así mismo, ha tenido que manejar los tiempos de la condena y entrada en prisión del expresidente de la diputación Carlos Fabra y los tres casos surgidos contra él con su mentor entre rejas. En total, han sido catorce causas judiciales. Para ello, se ha valido de líneas rojas de trazo grueso cuando ha considerado que no había salida, forzando dimisiones, y con renglones finos en aquellos asuntos en los que podía gestionar los tiempos y el debate interno, que también lo ha habido.
Excluido el caso Fabra debido a que cuando fue juzgado y condenado a 4 años de prisión y a pagar 1,4 millones de euros por cuatro delitos fiscales ya no formaba parte del PP, Javier Moliner ha tenido en el caso de la depuradora de Borriol su gestión más complicada. Tras saltar el escándalo en diciembre de 2013, Moliner destituyó a las pocas semanas a su vicepresidente primero, Francisco Martínez, aunque no consiguió que abandonara su escaño (ni su sueldo) de diputado provincial hasta el mes de septiembre de 2014, cuando se confirmó la imputación.
El propio Martínez eligió cómo y cuándo abandonar. De hecho, siguió como alcalde de Vall d'Alba hasta el final de la legislatura en junio de 2015 y en un comunicado Moliner le agradeció los servicios prestados y le deseó «suerte» para que pudiera defenderse de la imputación.
En este caso también fue imputado el alcalde de Borriol y diputado provincial, Adelino Santamaría, el cual se «jubiló» dos meses después de saltar el escándalo asegurando que ya había pactado esa salida con Javier Moliner antes de que se destapase el asunto.
El caso llegó a juicio y el propio presidente de la diputación tuvo que ir a declarar como testigo, al igual que otros políticos como Enric Nomdedéu, este en calidad de responsable de Compromís, partido que denunció la trama. Finalmente, Francisco Martínez fue condenado a 8 meses de prisión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario, mientras que Adelino Santamaría y el resto de imputados fueron absueltos. Actualmente Martínez se enfrenta a una nueva investigación por la compra y recalificación de terrenos en Vall d'Alba a raíz de una investigación derivada de este caso.
Otro de los casos sonados es el que afecta al ex alcalde de Navajas, el popular José Vicente Torres, debido a su gestión al frente del consistorio, que costó la alcaldía al PP y que llegó a su máximo exponente con la dimisión de Torres el pasado septiembre de 2014, después de que el partido socialista desvelara «un presunto delito de falsedad documental al justificar, ante el Síndic de Comptes, la aprobación de las cuentas de 2006, cuando no habían sido aprobadas». Ello desencadenó en la suspensión cautelar de militancia a Torres que, finalmente presentó su dimisión. En diciembre de 2014, el fiscal archivó la propuesta de denuncia tras estudiar en diligencias previas la documentación.
Esta no sería la única causa que habría llevado a Torres a los juzgados por su gestión, que ha endeudado a Navajas con más de 5,5 millones de euros convirtiéndolo en uno de los municipios más endeudados de España. En 2011 fue condenado a seis meses de inhabilitación tras negarse a mandar ejecutar la urbanización Altomira. Torres ocultó la condena a la opinión pública y a su propio partido y se volvió a sentar en el banquillo por un supuesto quebranto de condena al haber continuado ejerciendo como primer edil.
En la actualidad, tanto el ex secretario como el ex alcalde, tienen abierta otra causa por un presunto delito de prevaricación por la que declararán a finales de mes. La causa fue abierta a instancias de la Fiscalía después de conocer el último informe auditor del ejercicio 2013 y que destapó supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras, subvenciones mal tramitadas, incumplimiento de normas presupuestarias y un total caos administrativo. El propio secretario reconoció por escrito haber falsificado documentos para a recibir subvenciones de la Diputación de Castelló.
Esta misma semana, Moliner ha tenido que gestionar también la dimisión del que llegó a ser alcalde accidental de Cabanes, Andrés Safont, detenido junto a su pareja por la Guardia Civil tras una investigación en la que se les acusa de estafar hasta 160.000 euros a una anciana a la que cuidaban en Orpesa. De hecho, Safont fue alcalde accidental porque a su predecesora, Estrella Borrás, dimitió imputada como los dos alcaldes anteriores y dos arquitectos municipales por haber encargado trabajos del ayuntamiento a su propio despacho.
Uno de los casos más mediáticos está siendo el de las facturas falsas de Piaf, en el que están encausados el ex alcalde de Vila-real, Juan J. Rubert y el ex concejal, Ramón Tomás. Este caso fue denunciado por el actual equipo de gobierno tras comprobar que los responsables municipales habían autorizado el pago de al manos 600.000 € de lo que se consideran «facturas falsas», es decir, que no se correspondían con ningún servicio prestado. La instrucción sigue abierta y por el momento ya han testificado tanto los implicados, como los testigos, entre los que se encuentran funcionarios y varios concejales del Partido Popular.
Algunas de las investigaciones con las que ha lidiado Moliner han concluido con el archivo de la causa sin que la Fiscalía llegara a presentar una denuncia en el juzgado para que se iniciara la instrucción. Es el caso de la empresa de pellets de Villahermosa, en la que el alcalde y diputado provincial y siete concejales compraron una acción con su propio capital de esta empresa con participación municipal
