Me consta que, entre los cientos de familias de los colegios Palmerar, Santa Águeda y el IES Violant de Casalduch, la indignación es particularmente intensa entre los que votaron en las elecciones de hace año y medio a Compromís, por cómo está jugando con la educación la Conselleria de Educación, cuyo responsable es Vicent Marzà, de Compromís.

Tras varios meses de indefinición y mensajes conciliadores anunciando que desde Valencia se atenderían todas las necesidades educativas económicas necesarias para la educación en los centros de Benicàssim, la realidad ha sido cruel, y la Conselleria no ha dado soluciones ni nos ha permitido al ayuntamiento darlas, como hemos hecho desde hace más de 12 años. Un engaño en toda regla.

Desde Valencia se juega con la educación y el futuro, y me atrevo a calificar de «mala fe» la actitud del departamento autonómico. Conselleria, además de no ayudar económicamente para el transporte escolar, nos ha puesto todas las piedras en el camino que ha podido para que nosotros no lo resolviéramos, y he compartido la angustia y sufrimiento de esos cientos de familias. Hace cuatro meses que comenzó el curso y hasta ahora el consistorio no ha podido asumir el servicio que ya prestaba, y que teníamos presupuestado. La política no es «ponerse medallas», sino ayudar, servir.

Los 350.000 euros aprobados para financiar los libros de texto, la enfermera escolar y el transporte escolar han estado bloqueados, con trabas y avisos intimidatorios que llegaban desde Valencia. Ahora vamos a licitar de nuevo el transporte escolar en la ciudad, por un importe de 160.000 euros, para cubrir todas las actividades formativas del curso, que incluyen las salidas de educación complementaria hasta viajes a la piscina para la formación física.

Marzà juega y discrimina con la educación. También lo hace con su plan lingüístico educativo, que pretende crear ciudadanos de primera - los que elijan enseñanza máxima en valenciano- y de segunda, que no podrán obtener los conocimientos y titulación de inglés que sí obtendrán los que opten por el nivel máximo de valenciano. No es una «batalla» del PP, sino de la sociedad, y por eso mismo Ciudadanos ha pedido al Gobierno central en el Congreso que se garantice la igualdad de derecho a la educación y evite la discriminación del conseller Marzà.

El sectarismo político pretende imponerse sobre la calidad educativa. Oltra debería aclarar su predilección verbal por las personas: Marzà la ignora.