La auditoría de la Sindicatura de Comptes referente a las cuentas de la Generalitat Valenciana de 2015 destaca el alto grado desocupación registrado en las viviendas públicas en alquiler. En la provincia de Castelló, de los 224 pisos en alquiler sólo se encuentra habitados el 32 %, una circunstancia que llama la atención cuando existe una elevada demanda de vivienda social por la ola de desahucios de los años de crisis económica.
En particular, el Síndic de Comptes subraya que en dos promociones de Alicante y Castelló, con un total de 276 pisos, únicamente 53 tienen un contrato en vigor. En su revisión ha detectado, además, un error en la web de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (abarca el antiguo Ivvsa), e indica que en la misma figuraban como alquiladas 906 vivendas en la Comunitat Valenciana cuando son 467 las que se encontraban con el contrato en vigor. Sostiene que esta circunstancia se ha producido «porque no se indicaba en la página web la situación de la vivienda como vacía cuando necesita ser reparada».
Resalta que las promociones con «planes de vivienda» con financiación estatal desarrollados por el Ejecutivo valenciano tienen en su totalidad una calificación de«para alquiler», teniendo el inquilino que mantener la casa bajo esta fórmula, añade, durante 25 años, salvo algunas promociones en las que se tenga un derecho de superficie durante 75 años
Explica que Infraestructuras de la Generalitat está llevando a cabo un estudio y diagnóstico de cada promoción atendiendo la casuística dentro del llamado «plan de rehabilitación de activos.
La consellera de Obras Públicas y Vivienda, María José Salvador, ya advirtió en noviembre que su ejecutivo había heredado del Consell el 45 % de viviendas desocupadas. «Fue el resultado de las malas decisiones del anterior gobierno, que no planificó bien la ubicación de las promociones, las necesidades ni los precios, lo que ha provocado que haya grandes dificultades para dar salida a esas viviendas», lamentó entonces Salvador durante una visita a una promoción de viviendas destinadas a personas mayores en Castelló.
Para facilitar su salida el mercado, el Consell ha reducido los precios de los alquileres, un ajuste que en el caso de la capital de la Plana alcanza el 28 %. También estudia la posibilidad de ampliar a otros sectores de población los pisos dirigidos inicialmente a personas mayores de 65 años ante la falta de demanda de este colectivo.
Asimismo, la Generalitat prevé rehabiliar cerca de 200 viviendas sociales situadas en el barrio de San Lorenzo y la calle Santa Cruz de Tenerife de Castelló. En este último caso, se adjudicó la reforma en 2008 pero luego el proyecto se paralizó, según el Síndic.
